Miércoles 8 de Febrero de 2006
:: Editorial:: Artículo 239, Código Penal

Hay una serie de situaciones que se vuelven inaceptables de todo punto de vista, como asimismo repugnantes del punto de vista moral, y mas se agravan cuando funcionarios o quienes ejercen cargos públicos, simplemente comienzan a mirar para el lado, hacen vista gorda, incluso guardan silencio cuando se atenta en contra de la dignidad de las personas, amparando con el silencio hechos que representan claramente un aprovechamiento de quienes atraviesan por una situación dificil, por ejemplo laboralmente. Aunque parezca increíble, las famosas lealtades mal entendidas, el privilegiar primero los intereses e imagen de partidos o coaliciones por sobre la dignidad de las personas, si se da, aquí y en la quebrada del ají.
 A continuación algo valedero para todos quienes ostentan algún cargo publico y/o bien tienen calidad de funcionarios públicos.
El artículo 239 del Código Penal chileno, cita textual: « El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos, sea originandoles pérdida o privandoles de un lucro legítimo, incurrirá en la sanción de inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio mas pena de presidio».
 Los ciudadanos que diariamente pagamos nuestros impuestos, esperamos que quienes ocupan cargos públicos remunerados, sea en calidad de funcionarios, o bien cargo de elección popular, realicen su labor decentemente en defensa de los intereses y patrimonio del país, región, provincia o comuna.
 No se pueden seguir dando casos en que los antecedentes demuestran claramente la existencia del delito, de fraude al fisco y se continúe mirando para el lado, o se termine juzgando a quien intentó hacer su labor como corresponde, porque otros pensaron primero en el compadre, el partido o la coalición.
 En este país, a quienes le pagan para que fiscalicen, llámense diputados o concejales, simplemente en un 80% se da una indiferencia cómplice que avergüenza, de hecho hace un par de años los llamados honorables tiraron a la bodega un informe que daba cuenta de millonarios perjuicios que afectaron a no menos de cinco millones de chilenos, y el silencio hasta hoy es casi parejo de ambos lados.
 En el caso de los concejales, si uno se atreve a hacer su pega, no le servirá de mucho para perseguir responsabilidades mayores porque requiere la firma de otro colega, y surge la pregunta, ¿qué pasa si ningún otro colega quiere sumarse?, en este punto, y válido para concejales y parlamentarios, debiera existir una instancia superior o intermedia que permitiese fiscalizar a estos actores, obligándolos a hacer su pega cuando miran para el lado, porque en este país esa indiferencia ha representado pérdidas en perjuicio de los mas pobres, no inferiores a los 1.000 millones de dólares los últimos años, precisamente porque no hay un mecanismo que obligue a los que hacen vista gorda y todos los meses cobran igual.

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