El Derecho como armadura de protección

El Derecho debería ser una armadura, sin embargo, esta armadura muchas veces se entrega tarde. El pasado 4 de octubre se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.378 que establece un sistema de monitoreo telemático (tobillera electrónica), con el objeto de supervisar a través de medios tecnológicos la medida cautelar de prohibir al ofensor acercarse a la víctima en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), también, como medida accesoria o suspensión del procedimiento regulado en dicha ley. La supervisión de la información que entregue el dispositivo estará a cargo de Gendarmería de Chile y, conforme a lo indicado, originará una alarma cuando el ofensor se acerque a la víctima.
Esta ley ingresó al Congreso el 2014, y en estos largos 7 años de discusión el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), ha registrado la muerte de 286 mujeres, entre el 12 de noviembre de 2014 y el 10 de octubre de 2021.
Tras esta cifra, cabe preguntarnos ¿Cuántas muertes pudieron haberse evitado si esta ley se hubiera tramitado con mayor celeridad? ¿Por qué la tramitación que permite decretar un día como festivo se aprueba en una semana, y una ley que busca entregar una armadura a las víctimas de VIF tarda tantos años?
Si bien celebramos su publicación, es menester explicar que esta ley no tiene una aplicación práctica inmediata. En primer término, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con seis meses para dictar el Reglamento, el cual debe ser suscrito también por el Ministro de Hacienda. Dictado el Reglamento y para los casos de aplicación por la Ley de Violencia Intrafamiliar, la imposición de tobilleras electrónicas se realizará en forma gradual: 10 meses después en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, y luego de 14 meses en las demás regiones.
En tanto, en el caso de la aplicación de tobilleras electrónicas como medida cautelar decretada por los Tribunales de Familia, sólo podrá realizarse en seis meses más. Esperemos que con esta demora en su aplicación, el listado de víctimas por VIF no siga aumentando significativamente.

Carolina Araya Directora Carrera de Derecho Universidad de Las Américas Sede Concepción