Consensos y disensos en salud y nueva Constitución

Parece del todo razonable que la nueva Constitución señale que cada persona tiene derecho al más alto nivel posible de la salud y que para ello el Estado deba proveer las condiciones, actuando sobre las determinantes sociales. Hay amplio consenso en que corresponde exclusivamente al Estado la función de regir el sistema de salud, la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas, incluyendo la planificación de la formación, distribución y capacitación permanente del personal sanitario.
A mi juicio, es necesario que exista un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado que se rija por los principios de equidad, solidaridad, calidad, desconcentración y pertinencia territorial, enfoque de género e interculturalidad, que ponga fin al esquema actual, inequitativo y discriminatorio. También generan amplios consensos las propuestas que signifiquen incorporar acciones integrales de promoción, prevención, atención, rehabilitación y cuidados de largo plazo, reconociendo y preservando los conocimientos y prácticas de salud indígena; asimismo, la atención primaria debería constituirse en la base del sistema y se debe asegurar la participación de las personas y las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo. Dicho sistema, en línea con lo que nuestro país concordó el año 2007 en la Organización Panamericana de la Salud (Salud Universal), debería mancomunar solidariamente el financiamiento que provenga de impuestos y de cotizaciones, poniendo término a las isapres, las que nunca lograron legitimarse en la opinión pública. Al ponerles fin, parece razonable que puedan existir seguros privados voluntarios, de carácter complementario y no sustitutivo. Lo que es totalmente discutible y genera mucha controversia y resistencia, es que la Constitución defina temas que son propios de una ley posterior específica, tales como la cobertura de ciertos padecimientos o sobre la forma de integración de los prestadores con el sistema público. Restringir a priori a parte importante de ellos parece totalmente inconveniente, toda vez que para enfrentar los enormes desafíos en salud serán por mucho tiempo necesarios todos los prestadores, sean públicos o privados. De hecho, recientemente, el Colegio Médico, con todo el peso que tiene en la opinión pública, ha señalado que deben ser materia de ley los criterios con los cuales los prestadores privados se integren a las redes públicas de atención. Aún es tiempo para mejoras que impliquen sumar y no restar de cara al plebiscito de salida.

Osvaldo Artaza Decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales. Universidad de Las Américas