Luego de tres años se retoma programa de fiscalización sobre declaración y toma de asistencia 2023

En contexto del plan anual de Fiscalización 2023 que lleva a cabo la Superintendencia de Educación de Valparaíso y tras tres años de ausencia producto de la contingencia sanitaria, se retoma la fiscalización del Programa “Declaración y toma de asistencia 2023”.
El objetivo de este programa es verificar que los establecimientos educacionales que reciben subvención del estado registren y declaren correctamente la asistencia de los estudiantes y que ésta sea coincidente con la prestación efectiva del servicio educativo.
El director regional de la Superintendencia de Educación, Reinaldo Orellana, se refirió al retorno de este importante programa: “si bien el registro y declaración de asistencia se ha enfocado mayormente al tema de las subvenciones, su regulación también va asociada al derecho de recibir educación que ofrezca a los estudiantes oportunidades para su formación y desarrollo integral, como también al derecho de la comunidad escolar a ser informados, en eso radica la importancia de esta fiscalización”.
Respecto a la normativa educacional, las entidades sostenedoras de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente, deben mantener permanentemente diversos registros formales que permitan evidenciar la cantidad de párvulos y estudiantes matriculados, y la entrega efectiva del servicio educativo por parte del personal idóneo, registros que también, constituyen un instrumento de seguridad.
Este programa viene también a reforzar el Plan de Reactivación Educativa 2023 del Ministerio de Educación, el cual busca mitigar los efectos que dejo la pandemia y la no presencialidad en la comunidad escolar y cuenta con tres ejes claves que permiten abordar los efectos de la pandemia a nivel educacional: Convivencia y salud mental, Fortalecimiento de aprendizajes y Asistencia y revinculación de los estudiantes excluidos del sistema.
En el caso que durante la fiscalización se detecte una falta a la normativa educacional o una irregularidad y de no ser una falta subsanable, el sostenedor arriesga una multa que puede llegar a las 1000 UTM.