Comisión investigadora por el estadio de San Antonio tuvo su tercera sesión

Avanzando en el trabajo que se realiza como parte de esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Camila Rojas, se realizó una nueva sesión, que tuvo a tres expositores.
Se trata del ex alcalde de San Antonio, Omar Vera; además del ex director nacional de Arquitectura, Raúl Irarrázabal; y la jefa de proyectos DRAV, Patricia Leyton; quienes hicieron una presentación, así como también respondieron preguntas.
Quien comenzó con su exposición, fue el ex alcalde sanantonino, quien señaló que, “el Consejo Regional nos financió los estudios de diseño para postular y buscar alguna línea de financiamiento. Situación que se materializó gracias a la colaboración y disposición del actual senador Ricardo Lagos y al ex diputado Víctor Torres y logramos que el IND dispusiera el financiamiento a través de una glosa en el presupuesto, aprobado por el gobierno de la época. De esa manera se generó el convenio tri partito, entre el IND, el Ministerio de Obras Publicas a través de la Dirección de Arquitectura de la región de Valparaíso y la municipalidad, hecho que se materializó a través de la licitación pública que es de conocimiento de todos, adjudicada por la constructora Valco”.
Vera detalló que las obras comenzaron oficialmente en marzo de 2018, teniendo plazo oficial al 30 de enero de 2021. Algo que no ocurrió y se siguió extendiendo en el tiempo producto de diversas circunstancias, concluyendo oficialmente las obras el 18 de febrero de 2021.
“La DRAV generó la comisión de recepción, cuyos antecedentes también es de todos conocidos. El acta de recepción provisional data del 6 de julio del 2021, con 932 observaciones, situación que inició un proceso de cumplimiento o de salvar las observaciones de parte de la empresa constructora. En paralelo la Secretaria de Planificación Comunal de San Antonio el día 18 de agosto de 2021 solicitó a la Dirección de Obras Municipales la recepción de obras y la DOM a través de un documento generó observaciones que la empresa constructora y la DRAV deberían haber ido dando solución. No obstante señalar que la Dirección de Obras a través del ordinario 361 del 17 de febrero del 2022 rechazó la solicitud de recepción a través de una resolución del 2 de noviembre del 2021. Hasta la fecha no se han salvado las observaciones emitidas por parte de la Dirección de Obras, lo que ha significado que la obra en general esté sin recepción”, añadió Vera.
Ahí se recordó que la normativa vigente permite que las direcciones de obras puedan generar recepciones parciales, para el uso de ciertos espacios dentro de la obra, como ha sido el caso del estadio de San Antonio, que actualmente tiene funcionando a su pista atlética y cancha de pasto natural.
“La obra en sí es de suma importancia para la comunidad de San Antonio, no solo para los vecinos y vecinas de la comuna, sino que también para la provincia, es una obra importantísima que debe beneficiar a deportistas en general con instalaciones de primer nivel, anheladas por toda la comunidad, que esperamos pronto pueda entrar en funcionamiento”, concluyó en su exposición.
Por su parte, el ex director nacional de Arquitectura, Raúl Irarrázabal, quien hizo mención a una obra que se desarrollo de forma paralela en la comuna, el Liceo Bicentenario José Miguel Carrera, en manos de la misma dirección de arquitectura, por mandato del municipio, fue un proyecto que tuvo un positivo desarrollo.
“Ese fue un convenio mandato con un sistema de obra pública que se llama pago contra recepción, que justamente el mismo ente, en este caso la constructora, se hiciera cargo del diseño y la construcción. Eso salió en tiempo y funcionó bastante bien. Aquí me quiero referir a los problemas que existen en el reglamento del MOP, porque aquí hay dos reglamentos que estamos usando; una es la ordenanza general de construcción, que tiene un sistema que depende la Dirección de Obras de la Municipalidad; y otro es el reglamento del MOP. Cuando se hace un convenio, funcionando ambos reglamentos y ahí se producen de repente algunas diferencias. Por eso insisto que el paralelo de ambas obras con distinto sistema fue evidente”, manifestó el ex director.
Irarrázabal explicó que, “cuando se habla de entregar en explotación, que fue lo que sucedió en enero del 2022, significa que el propietario, en este caso la municipalidad, puede hacerse cargo del edificio, pero no significa que estén resueltas todas las observaciones y problemas que pueda tener la obra. Recordar además que la obra está garantizada, a través de boletas de garantía, los contratos MOP. Entonces, ahí se produce una confusión de la entrega misma del edificio en explotación a la municipalidad, que fue lo que se hizo. Ahí corre un plazo, que se ha ido alargando para poder subsanar las observaciones y en eso es lo que está ahora la dirección”, agregó.
Durante su exposición, el ex director nacional de arquitectura enfatizó que la entrega en explotación del edificio se podía hacer en enero o febrero del 2022 para que se ocupase la pista de atletismo y la cancha, además de otros lugares, “no el edificio completo y eventualmente la dirección de obras podría haber hecho una recepción parcial del edificio”.
Mientras que la Jefa de proyectos DRAV, Patricia Leyton, comentó en la instancia que este proyecto nació de una propuesta de diseño generada por el municipio, algo que no es común para la dirección de Arquitectura, tanto regional como nacional, siendo un proyecto que a lo largo de su ejecución tuvo siete modificaciones de contrato, las que esencialmente fueron debido al diseño que no estaba en condiciones de ser ejecutable.
“Ya sea por antigüedad, por errores del diseño, hubo muchas situaciones en las cuales hubo necesidad de que el profesional contratado, junto con equipo municipal, los cuales revisaban de manera periódica cada uno de los procedimientos de la ejecución del contrato, entre ellos se dieron cuenta de la situación de la pintura entumecente de los elementos metálicos, la cual se indicaba por parte del diseño y del proyectista, que debiera tener (una pintura que no tiene certificación en Chile). Entonces, después de muchas reuniones entre directores, municipio, gente del Minvu, se solicitó al proyectista pronunciarse al respecto, pasando alrededor de un año, indicando que todo lo que era las estructuras metálicas de la techumbre tenían que rebajarse de la pintura de protección al fuego. Otras de las modificaciones eran respecto a procesos que no estaban claros en el diseño y hubo necesidad de hacer obras extraordinarias. Todo esto bajo la atenta mirada de una unidad técnica entre Secpla de la municipalidad y los profesionales del IND y la Dirección de Arquitectura”, explicó.
Junto con esto, estaban otras observaciones en la construcción, además de los procesos administrativos y detalles de la obra, aunque según lo evaluado por la jefa de contratos de la dirección, ninguna de estas impedía el normal funcionamiento del edificio.