La importancia de la colaboración público-privada para un nuevo modelo alimentario en Chile
La inseguridad alimentaria sigue siendo una sombra que se cierne sobre muchas personas en nuestro país. Según cifras Casen 2022, 3 millones de chilenos (el 17,3% de la población) experimentan inseguridad alimentaria moderada/severa. Paralelamente, se desperdician significativas cantidades de alimento diariamente. Aquí es donde surge el rescate de alimentos como una esperanzadora estrategia para contrarrestar este desequilibrio del sistema.
En la cadena de suministros alimentarios, desde la producción hasta la mesa, toneladas de alimentos viables se desechan. Globalmente, el 30% de alimentos se pierden o desperdician, siendo productos avícolas y cárnicos el 30% de ellos, lácteos y legumbres el 20%y, el más significativo, frutas y hortalizas con el 45%.
Si añadimos un tercer componente, el problema parece aún mayor: La malnutrición por exceso. Según la Federación Mundial de la Obesidad, más del 50% de la población mundial padecerá sobrepeso para el 2035. En Chile, el 39%de las personas padece sobrepeso, mientras que el 34% padece obesidad, alcanzando un 73% de la población con malnutrición por exceso.
Las cifras resultan paradójicas al considerar que un 45% de los alimentos desperdiciados en las cadenas productivas son frutas y hortalizas.
En este contexto los bancos de alimentos cobran notoriedad al fungir como equilibradores de estas anomalías a través de su labor esencial: recolectar, clasificar y redistribuir alimentos rescatados para ser distribuidos a comunidades vulnerables.
Su capacidad de canalizar recursos de manera eficiente, vinculando los excedentes con comunidades donde existe escasez, proporciona alivio inmediato a quienes sufren de inseguridad alimentaria.
Sin embargo, para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°2 ‘Hambre Cero’ se requiere una mayor colaboración con el sector público.
A nivel estatal, se han realizado algunos esfuerzos. La Estrategia para la Soberanía y Seguridad Alimentaria ha priorizado elementos fundamentales como la sustentabilidad, el cambio climático y la investigación y desarrollo, entre otros. En junio de 2023, Chile fue sede de la Segunda Cumbre Mundial Parlamentaria Contra el Hambre y la Malnutrición. Ambos eventos explicitan la preocupación del país por avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible, justo e inclusivo.
En el ámbito privado, las empresas están preocupados hoy de priorizar estrategias de sostenibilidad que involucre una reducción de pérdidas y desperdicios en sus líneas de producción y comercialización.
Evitar el daño medioambiental y contribuir a la seguridad alimentada nacional debe ser parte integral del propósito del negocio. La redistribución de los alimentos no es sólo una acción paliativa, es un paso hacia la construcción de un sistema alimentario equitativo y sostenible.
Tal como lo señala el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17: Alianzas para Lograr los Objetivos’, éstas deben ser un compromiso de colaboración de todos los actores involucrados en la solución a los problemas medioambientales y sociales, constituyéndose como una obligación ineludible.
En un mundo donde aún hay personas que sufren de hambre y malnutrición, sumado a la emergencia climática, el rescate y redistribución de alimentos emerge como un faro de esperanza.
Su impacto se amplifica exponencialmente cuando se fusiona el compromiso de instituciones de la sociedad civil, mediante políticas públicas claras, medibles y monitoreadas. Estas alianzas no sólo salvan vidas hoy, sino que allanan el camino para generaciones futuras en donde el hambre y la malnutrición sean sólo una reliquia del pasado.
María José Vergara gerente de Gestión Social Red de Alimentos