Permisología: una nueva oportunidad

Hay consenso entre los actores económicos en que el crecimiento, la inversión y la productividad en nuestro país han estado estancados desde hace ya casi una década. Ninguna sociedad que aspire a otorgar mejores condiciones de vida a sus habitantes, puede hacerlo sin antes asegurar una economía fluida, capaz de generar trabajo, bienes y servicios, que provean recursos vía impuestos para que el Estado pueda otorgar oportunidades para que las personas y empresas puedan crecer y desarrollarse en todo su potencial.
El Gobierno pareciera haber comprendido esta realidad. En respuesta, presentó una iniciativa legal destinada a destrabar la lenta madeja burocrática en la que se ha convertido el sistema de permisos públicos para el desarrollo de proyectos de inversión.
No se trata de ser laxos con el cumplimiento de mejores estándares ni pretender la aprobación de todo proyecto, sino de construir certezas sobre los criterios técnicos y tiempos de decisión, para lograr que el Estado se coordine “puertas adentro” a través de una “ventanilla única”, de cara al inversionista.
La propuesta del Ejecutivo plantea modificaciones a 37 leyes, además de crear un órgano dependiente del Ministerio de Economía, que tendrá por objeto resguardar el cumplimiento de la tramitación de proyectos y coordinar a los servicios sectoriales involucrados. Más allá de la buena intención, resulta claro que la experiencia pública prescribe que un órgano sin poder, no manda y, por lo tanto, no resuelve. Por eso, resulta esencial que el proyecto de Ley contemple incentivos reales al cumplimiento de plazos y respeto de la ley, más allá de las convicciones personales del funcionario de turno. Silencio positivo, responsabilidad funcionaria e institucional por dilaciones injustificadas, preclusión de peticiones extemporáneas de servicios públicos, coordinación intersectorial vinculante y, plazos fatales de decisión vinculados a programas de incentivos de remuneraciones (PMG), podrían contribuir decididamente a ello.
La sola aprobación de una ley no garantiza cambios reales. De hecho, la ley 20.958 de Aportes al Espacio Público tuvo una gran inspiración, pero su reglamento vino a imponer costos elevados para la reconversión comercial, que actúan como inhibidores de inversión. Al diferenciar el monto de sus aportes según la ubicación, se discrimina a las comunas más pobres a recibir menos recursos. Lo anterior condiciona la reconversión comercial, la renovación urbana, la inversión en los territorios, además del pago de patentes por actividad comercial, ingresos municipales, entre otros.
El nuevo proyecto de Ley de Permisología podría corregir este y otros temas, pero más allá de la casuística, constituye una gran oportunidad para que el Gobierno pueda materializar su voluntad política -expresada por el Presidente y el ministro de Hacienda- de modernizar el Estado y promover la inversión. No se trata de “otra ley más”, sino de la primera ley que promueva un cambio cultural al interior del Estado, donde desarrollo, sustentabilidad, comunidades y progreso sean plenamente compatibles, y así lo entiendan todos quienes participan del proceso de evaluación.
Estamos esperanzados con lo que pueda hacer la discusión legislativa para perfeccionar la iniciativa, en pos de resolver temas prácticos y cotidianos que condicionan el desarrollo de los barrios, comunas y regiones del país. Chile puede mucho más y esta es una oportunidad para recuperar nuestra alicaída productividad y golpeada inversión, dejando como legado un sistema de evaluación de proyectos simple pero robusto, ágil, flexible, coordinado y eficiente. Uno que pueda ser parte del legado de esta administración, iniciando el camino hacia la transformación del Estado en Chile.

Katia Trusich, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales y directora de empresas