Diputado Andrés Celis solicita a Contraloría investigar prolongación de sumario municipal en El Tabo

El parlamentario aseguró que a pesar de que el proceso debía resolverse en 20 días, se prolongó injustificadamente por más de dos años, generando dudas sobre la legalidad y transparencia del actuar municipal.
El diputado Andrés Celis recurrió a la Contraloría Regional de Valparaíso para que investigue la actuación de los funcionarios municipales de El Tabo en un sumario administrativo abierto en enero de 2022. El procedimiento se inició para esclarecer presuntas irregularidades en una licitación de pavimentos asfálticos, donde se habrían registrado sobrecostos y omisiones en la asignación de fondos.
Aunque el plazo legal para resolver este tipo de sumarios es de 20 días, el proceso se prolongó sin avances ni resultados claros, lo cual ha generado serias dudas sobre la transparencia y cumplimiento de la normativa.
«La dilación de más de dos años en un sumario que debía cerrarse en cuestión de días no es solo un abuso de los plazos legales, sino que pone en entredicho la probidad que debe guiar la administración pública», expresó Celis Montt, agregando que «no podemos permitir que un procedimiento que involucra fondos públicos y proyectos de infraestructura crítica se extienda sin justificación, comprometiendo así el bienestar de los vecinos».
Según el parlamentario, el sumario, que sólo registró tres actuaciones en 2022 y una en 2023, evidencia una falta de diligencia y posible negligencia. «La normativa estipula plazos estrictos, y aquí ninguna de las etapas se ha cumplido en tiempo, lo que refleja una evidente falta de rigor administrativo”, señaló el diputado.
Además, el parlamentario destacó que los actuarios asignados al caso poseían un rango jerárquico inferior al del funcionario investigado, una infracción directa a la Ley 18.883. Esto, indicó, “agrega otro elemento de ilegalidad que hace aún más cuestionable el proceso en su totalidad”.
El diputado concluyó subrayando la importancia de que la Contraloría actúe con celeridad en este caso para restaurar la confianza pública y evitar que se repitan estas prácticas administrativas deficientes. Además agregó que, de comprobarse las irregularidades, se tomen las sanciones correspondientes. “La administración pública debe ser un ejemplo de transparencia y eficiencia, especialmente en procesos que afectan directamente a la comunidad», finalizó.