ART 318 EL PATO COJO

No hay día en que no surja una nueva crítica justificada a la ineficacia del estado.
Para combatir la pandemia, se decidió modificar el Art. 318 del Código Penal definiendo como delito el incumplimiento de las normas sanitarias que restrinjan circunstancialmente la libertad personal frente a la existen situaciones de catástrofe, pandemia o contagio. Se estableció una pena de cárcel o alternativamente el pago de una multa de $ 300 mil a $ 1.007.4020. Adicionalmente, tratándose de infracciones al código sanitario, la multa podrá llegar a los $ 50 millones a quienes utilicen espacios y organicen reuniones clandestinas.
250 horas se tomó el Congreso para discutir tan simple modificación. Llenaron 187 páginas de escritos. El ejecutivo se hizo parte, pero el ministro de justicia, como autoridad máxima relacionada con el tema, jamás concurrió al Congreso para explicar cómo se implementaría la nueva norma y las sanciones.
Jamás se examinó la efectividad que tendría el nuevo Art. 318 respecto de su aplicación por parte de carabineros, PDI y funcionarios del ministerio de salud, fiscalía y juzgados. Tampoco hubo alguna estimación, orden de magnitud, de cuantos podrían llegar a ser los infractores, cuántos tendrían que cumplir penas efectivas de cárcel (la ley establece presidio) ni a cuánto podría ascender el valor de las multas que engordarían las arcas fiscales, como tampoco, cuánto costará hacer cumplir la ley. Todo lo contrario, se indicó que no se necesitaba un análisis de hacienda.
Puesta en ejecución, Se fijaron las normas que tendría que acatar la población. Cuarentenas, totales o parciales, por regiones y comunas, uso obligatorio de mascarillas, la distancia entre las personas en espacios públicos o abiertos, el número máximo de personas en lugares cerrados, el otorgamiento salvo conductos por parte de carabineros y otras medidas.
Diariamente, las autoridades de la salud han estado informando los casos del día y acumulados desde que entraron em vigencia de las medidas adoptadas. Al 26 del presente el número de contagiados alcanzaba a 713.223 personas y 18.040 fallecidos. Por su parte, carabineros en sus informes semanales, indica que las detenciones ya suman 368.440 casos, incluyendo los reincidentes y 211 partes por reuniones y fiestas clandestinas.
Se avecinan cientos de miles de juicio. Los abogados harán su año representando a lo ofensores, enfatizando la “intachable conducta anterior” y todo tipo de atenuantes para zafarlos de las penas. Desde ya han comenzado las dudas en
cuanto si han cometido un delito o una falta, si se aplica el Art. 318 o simplemente se multa. El primer caso, el del secretario del senado Guzmán obtuvo un fallo favorable en el Tribunal Constitucional que dictaminó que no cabía aplicarle el 318 porque el senado ya lo había multado. ¿Quién manda, el congreso o la justicia? Los 10 casos que seguidamente recurrieron al Tribunal Constitucional alegando también la inconstitucionalidad han salido beneficiados. El tribunal señala que, o se juzga por el delito o se le multa, pero no ambas cosas. Hay una tremenda confusión que hasta el momento nadie ha resuelto. Los fallos serán confusos.
Entretanto, a la fecha hay 368.440 personas denunciadas, reclusos potenciales que no irán a la cárcel. La población penal actual es cercana a 50.000 reos, tienen copada la capacidad del sistema. ¿Dónde cumplirían las penas de prisión? Tal vez sea por eso que la ley estableció una sanción sustitutiva, el pago de una multa entre $ 302.232 a $ 1.007.440 que, en el caso de los 211 sancionados dueños de los locales y casas, podrá elevarse hasta $ 50.000.000 de acuerdo al código sanitario.
Si la voluntad de los políticos fue hacer justicia, los 368.440 detenidos actuales sorprendidos in fraganti deberán pagar en total entre US $153 y 508 millones, suma que seguirá creciendo porque la comisión de estos delitos aumenta a razón de 1.300 diarios. Los dueños de las propiedades donde se realizan las reuniones clandestinas agregarán otros US $ 14 millones en aumento.
No es una suma apreciable para las finanzas del fisco, pero sí lo es para los condenados. No conocemos el perfil socioeconómico de los 368.440 más los que sigan. Es posible que sea el mismo que tiene el perfil de la población actual, en cuyo caso, puede haber cerca de 250.000 multados que no cuentan con los recursos suficientes para pagarla. Tendrán que vender bienes, la casa, el auto, el televisor y equipo de música, el refrigerador, la lavadora, endeudarse, etc. porque la ley no estableció un mecanismo financiero para el pago. Bencina para otro 18/10.
Estamos entrando en un largo período electoral con más de seis elecciones en el año. No faltarán los políticos que propongan una condonación, como lo están haciendo respecto de los condenados por actos criminales del 18/10. Un tipo de cohecho legal para ganar votos. Aprobaron por una altísima mayoría el nuevo 318, sabiendo perfectamente, que una parte importante de los sancionados corresponderá a personas de niveles medios y bajos de ingreso que no tienen el dinero para pagar una multa de la cuantía establecida. ¿Habrá un bono para ello?
Ante tal desaguisado, puede que dicten una ley aclaratoria para pagar la multa en “cómodas cuotas” con un interés igual al de los bonos del Banco Central o …. cómo les gusta a los parlamentarios, un tercer retiro de fondos desde las cuentas en la AFP, a quienes aún les queda algún saldo.
Cualquiera que sea la solución, no hay duda de que ha sido una irresponsabilidad grave el despilfarro de 60 días y llenar 180 hojas de papel para dictar una ley que no se podrá cumplir. Si el ministro de justicia hubiera estado presente, les habría advertido que no habría espacio suficiente en las cárceles para recibir a cientos de
miles de nuevos reclusos y si hubiera asistido el ministro de obras públicas le habría señalado que multiplicar por 10 el espacio carcelario actual o crear colonias penales en zonas no habitadas (por ejemplo las islas San Feliz y San Ambrosio, para no recurrir a la isla Dawson de triste memoria) se requeriría una inversión que el país no puede enfrentar. El ministro de desarrollo social habría explicado que miles de personas sancionadas ingresarán al nivel de pobreza multidimensional.
¿Cómo se va a proceder en el cumplimiento de las sanciones? El estado tiene la palabra.

Javier Fuenzalida