Agorechi anuncia la suspensión de las conversaciones con el Gobierno y solicita retiro del proyecto de delegados presidenciales
AGORECHI sostiene que el proyecto de Ley ingresado por el Gobierno que modifica las figuras de los delegados presidenciales es un retroceso en el proceso de descentralización.
Gobernadores y gobernadoras esperarán la reunión programada con el Presidente Boric el día 5 de julio en el Maule para consensuar un proyecto “sin letra chica”.
Ante el proyecto de ley presentado por el Gobierno el 31 de mayo recién pasado que tiene por objeto modificar la figura del delegado presidencial regional y provincial (Boletín 15970- 07), los Gobernadores y Gobernadoras abajo firmantes (16) manifestamos lo siguiente:
1. Durante la campaña presidencial el actual Presidente de la República se comprometió a terminar con la figura del Delegado presidencial. En su programa expresaba lo siguiente: “Descentralización sin letra chica: eliminaremos la figura del Delegado Presidencial por su duplicidad de funciones con los nuevos gobernadores /as
regionales electos/as, además daremos prioridad al traspaso de competencias hacia
estos”.
2. El 19 de enero de 2023, el Gobierno suscribió un memorándum de acuerdo con AGORECHI que en lo pertinente expresa la necesidad de “dejar atrás el actual diseño de los delegados regionales”.
3. Con fecha 31 de mayo el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que modifica la actual figura del Delegado Presidencial tanto a nivel regional como a nivel provincial. El ejecutivo fundamentó dicho proyecto en la “necesidad de orientar la acción del Gobierno en la región hacia un horizonte descentralizado que priorice la intervención de los niveles subnacionales”.
4. Si bien el mensaje expresa que se introducen “importantes modificaciones a la estructura actual de dichas figuras”, en lo medular:
a) Reemplaza el nombre de “delegados presidencial regional o provincial” por “jefe o jefa regional de Gobierno Interior o jefe o jefa provincial de Gobierno Interior” (artículos 113, 115 bis, 116, 117, 124 de la CPE).
b) Agrega una función de “coordinación de las funciones de los distintos órganos de la Administración del Estado para el ejercicio de las atribuciones del Presidente de la República en la región, así como la coordinación con los gobiernos regionales, en conformidad a la ley”.
5. Como se observa, la iniciativa legislativa contempla, por una parte, un simple cambio de nombre, pero, por otra, dispone una función de coordinación que resulta incoherente a la luz del compromiso descentralizador del Presidente de la República.
6. A nuestro juicio la coordinación de los servicios públicos, la elaboración de las políticas de desarrollo de la región y las estrategias de la región, son competencias de los gobiernos regionales y no funciones de los nuevos jefes regionales.
7. Lamentablemente, a la fecha, el Gobierno, no ha manifestado voluntad para retirar este proyecto, por lo que, por acuerdo unánime de los 16 gobernadores y gobernadoras, hemos decidido suspender la reunión prevista para el miércoles 14 de junio con el Subsecretario Nicolás Cataldo.
8. Confiamos en la convicción del Presidente de la República que no sólo ha manifestado el desafío de avanzar de manera efectiva en la descentralización política del país, sino que lo ha demostrado con hechos concretos como por ejemplo con la presentación del proyecto de ley de Financiamiento Regional y Descentralización fiscal y Responsabilidad Fiscal Regional, actualmente en trámite.
9. En este contexto, en el próximo encuentro de AGORECHI programado para el día 5 de julio en la Región del Maule, el presidente Gabriel Boric, quien ya confirmó su presencia, pueda llegar con una propuesta que haga justicia de los compromisos cumplidos en esta materia.
10. Por último, solicitamos al gobierno del presidente Gabriel Boric una señal de buena fe, que se manifieste en el retiro inmediato del proyecto de ley en cuestión. Lo anterior, con la finalidad de poder consensuar un acuerdo que establezca de manera clara los compromisos adquiridos en pro de garantizar la transferencia de competencias a los gobiernos regionales y continuar el proceso descentralizador necesario para el desarrollo de Chile y sus territorios.