Y después de la ley corta: ¿Qué en salud?

Es urgente aprobar la ley corta en trámite con el objetivo de que se puedan cumplir los fallos de la Corte Suprema, minimizando el riesgo de un desplome masivo en la operación de las Isapres que afecte a las personas, y mejorar la capacidad del Fonasa para ofrecer protección financiera en el uso de prestadores privados.
La aprobación, eso sí, solo tendrá como efecto “ganar tiempo”, pues no supera la injusta segmentación y las ineficiencias actuales. Una reforma estructural seguirá en espera producto del clima político de polarización y de las diferencias en los modelos de financiamiento. La disputa entre fondos o seguros de carácter públicos versus privados no se zanjará en el ámbito constitucional, sino que en futuros cambios legislativos.
Ante el peligro de seguir sin mejoras, es aconsejable modificaciones graduales en salud en áreas de consenso con impactos positivos en la población. Utilizando una parte de las cotizaciones y del aporte estatal se puede universalizar la atención primaria, generando incentivos para que las personas eviten el consumo de prestaciones innecesarias de alto costo y riesgo. Crear una institucionalidad que con base en la evaluación de tecnologías proponga un plan universal con reglas generales de oportunidad y acceso, y protocolos desde la prevención a los cuidados de largo plazo en todo el curso de la vida. Diseñar un nuevo marco regulatorio para los seguros complementarios en salud, utilizados por millones de chilenos y que solo están sujetos en la Comisión de Mercado Financiero a las mismas regulaciones de los seguros de auto, a objeto tengan un mayor sentido sanitario y se privilegien los de tipo colectivo. Se podría separar las licencias médicas de las prestaciones en salud, mejorar los marcos regulatorios, de fiscalización e incentivos a efecto disminuir abusos y generar una institucionalidad distinta a las Isapres y el Fonasa para el pago de las licencias. Esto implicaría destinar una parte de la cotización para estos efectos.
Incluso se podría plantear un aporte adicional de los empleadores con el fin de generar incentivos para que las empresas inviertan en prevención (causas frecuentes de licencias son salud mental y osteomusculares, muy susceptibles de intervenir preventivamente). Así también, cambios legales en la gobernanza y gestión del sistema público, que propicien la eficiencia, que articulen e integren mejor los niveles de atención y que minimicen la captura político partidista.
En lo señalado hay bastante acuerdo y de persistir la dificultad de una reforma global en salud, especialmente en el ámbito del financiamiento, pudieran ser un camino para ir avanzando. No hacer nada, no tiene explicación alguna. Los actores políticos tienen hoy la palabra y un deber ético ineludible.

Osvaldo Artaza Decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales Universidad de Las Américas