Pacto Fiscal: reunión con partidos se centra en nuevas necesidades de gasto para financiar PGU, salud y más seguridad pública

Ministro Marcel: “Durante la próxima década la población mayor de 65 años va a estar creciendo al 4% anual, o sea más que la población en edad de trabajar, que el PIB y otras variables. Entonces, si no le damos una respuesta más estructural, con diseño eficiente y recursos suficientes, nos veremos enfrentados a un problema mayor”.
En una nueva reunión sobre el Pacto Fiscal con representantes de los partidos políticos del oficialismo y la oposición se realizó ayer jueves 21, encabezada por el ministro de Hacienda Mario Marcel y la subsecretaria Heidi Berner, se detallaron las necesidades y prioridades de gasto del gobierno con exposiciones de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; de la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos; el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve; y el director de Fonasa, Camilo Cid.
Como punto de partida el ministro explicó que el “espacio fiscal” está referido a la capacidad del Estado para asumir nuevos gastos, sobre la base de un financiamiento sostenible, consistente con la estabilidad macroeconómica y la regla fiscal. El compromiso de mantener un balance estructural en las finanzas públicas significa contar con ingresos permanente para nuevos gastos permanentes.
Reiteró que la necesidad del Pacto Fiscal para el Desarrollo obedece a un conjunto de prioridades ciudadanas de gasto público insatisfechas o insuficientemente cubiertas en materia de pensiones, salud, seguridad ciudadana y protección social, las que comprometen significativos volúmenes de recursos, que no alcanzan a financiarse en el proceso presupuestario regular. En su conjunto, las propuestas en estas materias de gasto involucran USD $8.000 millones, equivalentes a 2,7% del PIB (Producto Interno Bruto) en régimen. Por ejemplo, para extender la cobertura y subir la Pensión Universal Garantizada (PGU) a $250.000 se necesita un 1,2% del PIB adicional. Para abordar los requerimientos en cuidados y sala cuna se requiere otro 0,3% del PIB, para destinarlo al cuidado de personas mayores y en situación de discapacidad; y apoyar con un aporte a cuidadores y cuidadoras. En el caso de sala cuna, se propone eliminar la restricción de al menos 20 trabajadoras para que empleadores provean sala cuna y crear un Fondo “Sala Cuna para Chile”, financiado con cotizaciones del empleador y aportes fiscales, para acceso universal, de niños y niñas de madres y padres.
El ministro Marcel recalcó que todos los problemas relacionados con los cuidados de adultos mayores sólo van en una dirección hacia el crecimiento en el futuro debido al envejecimiento de la población: “Durante la próxima década la población mayor de 65 años va a estar creciendo al 4% anual, o sea más que la población en edad de trabajar, que el PIB y otras variables. Entonces, si no le damos una respuesta más estructural, con diseño eficiente y recursos suficientes, nos veremos enfrentados a un problema mayor. Estamos acostumbrados a las discusiones presupuestarias año a año, con escenarios más o menos estáticos, pero cuando uno se da cuenta de la dinámica de estos temas toma conciencia de la magnitud del desafío y de la urgencia de darle respuesta”.
Las necesidades y prioridades de gasto en salud se estiman en 0,9% del PIB, que se destinarían a elevar el financiamiento per cápita de la salud primaria, al menos, a $12.000, considerando una población de 14,5 millones de personas y mejoras al Plan de Salud Familiar, en materia de brechas y realidad epidemiológica. Esto, acompañado con un nuevo marco evaluativo y de desempeño de la salud primaria que vele por el
monitoreo de resultados de procesos y experiencia usuaria, así como mejoras en la conectividad e interoperabilidad del sistema, ampliación de la atención telesalud/telemedicina, incremento de los horarios de atención, estandarización de capacidades de los distintos centros y una mayor rendición de cuentas.
Adicionalmente, se plantea reducir los tiempos de espera a la mediana OCDE, implementando franjas horarias de continuidad y ampliación de oferta médica e introducir herramientas de gestión hospitalaria para clasificar a los pacientes en base a sus diagnósticos, procedimientos y severidad. Los nuevos recursos también permitirían aumentar la cobertura de los centros de resolución regional, junto con hacer convenios con el sector privado para reducir las listas de espera, entre otras medidas.