Profesionales universitarios de la salud manifiestan su preocupación por el presupuesto 2026
Los trabajadores de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, (CONFEDEPRUS, Valparaíso), hicieron un llamado a las autoridades parlamentarias y de gobierno para aumentar significativamente el presupuesto en el área de la salud, asegurando una distribución eficiente y directa de recursos hacia los establecimientos públicos, que permita garantizar el derecho de la población a la salud, la continuidad de su atención y condiciones laborales dignas para quienes se desempeñan en el sistema.
Los dirigentes, que comenzaron una movilización entre el 17 y 18 de noviembre, expresaron su preocupación por el complejo escenario que sigue agudizando la salud pública, a través de una carta que entregaron en la Seremi de Salud, en el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, y en la Delegación Regional Presidencial.
En la carta, advierten que “el Presupuesto 2026 en salud no constituye un avance, sino una reforma regresiva encubierta bajo lenguaje técnico. Sus efectos previsibles son reducción real del gasto sanitario, congelamiento de las remuneraciones y la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores, aumento del déficit hospitalario y deuda acumulada, congela-miento de la inversión en infraestructura y precarización de la fuerza laboral del sector, todo bajo el discurso de “eficiencia” y “responsabilidad”, que encubre una estrategia de contención del gasto social, con efectos directos sobre la calidad de la atención, las condiciones laborales y la equidad territorial”.
Asimismo, reiteran la crítica a la metodología usada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) en la elaboración del Presupuesto para 2026, utilizando infractores menores a la inflación proyectada (4%), lo que distorsiona las cifras oficiales, mostrando falsos aumentos presupuestarios, afectando el gasto en personal, los ingresos hospitalarios vía GRD y PPI, los presupuestos de funcionamiento y la capacidad de atención, como sucede en 25 hospitales del país. Según el gremio de trabajadores de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, “se trata de una maniobra contable y política, que disfraza un ajuste fiscal regresivo a costa del personal y de los usuarios y las usuarias del sistema público, lo que resulta inaceptable”.