VIVIENDAS PARA TODOS

Casa propia, educación, salud y previsión son los bienes más preciados del ser humano. De los US $ 90.000 millones del presupuesto fiscal de este año, el 56 % se destina a proporcionar esos preciados bienes, siendo la mayor obligación del estado. Un 21.6 % está destinado a educación capacitación y cultura, un 15% a la salud, 14 % a la previsión y bienestar social y tan solo 5,7 % a viviendas.
¿Es suficiente? Aparentemente sí porque US $ 5.100 millones del MINVU es lo que el estado estima como suficiente. Pero cuando se mira lo que se gasta en educación (US$ 19.200 millones), Salud (US $13.600 millones) y Previsión US $ 12.000 millones), el techo aparece como si fuera superfluo. Si a cada ciudadano se le entregara el gasto en vivienda del presupuesto, recibiría unos escuálidos US $ 267 anuales.
En el caso de viviendas, 60,5 % de las familias habitan viviendas propias pagadas o con algún tipo de deuda, el 25,1 % son arrendatarias y 14,4 % ni una ni otra.
La oferta habitacional depende primordialmente del sector privado y la demanda de lo que las personas pueden destinar al ahorro previo complementado con un subsidio estatal, si procede y la diferencia del precio con un crédito hipotecario de largo plazo. De acuerdo con el último estudio del INE sobre el gasto de los hogares, un 14,3 % (29 % primer decil y 5.5 % 10° decil) se destina al alojamiento (arriendo, servicio hipotecario contribuciones, servicio básicos agua, luz, gas).
Diversos estudios han estimado el déficit de viviendas en cerca de 740.000 viviendas si la meta una vivienda propia para cada hogar. Anualmente, desde los últimos 30 años se construyen, en promedio, 197.000 viviendas de las que 88.000 se financian con subsidios a las familias que ya han completado un ahorro previo y que reúnen además los requisitos para un crédito hipotecario.
La mayoría que genera el déficit no tiene casa propia, arriendan, o son allegadas generando el hacinamiento, hasta 10 personas en una casa de 50 m2 (7% de las viviendas), o sus viviendas muestran un estado deplorable e irrecuperables (2 %) o viven en los 970 campamentos que albergan 82.000 familias.
Al ritmo actual de 190.000 viviendas construidas por año, 75.000 corresponden a las nuevas familias producto del 1,2 % de crecimiento demográfico del país, se mantiene constante el tamaño medio de 3,1 personas por hogar, de modo que solo 115.000 por año contribuirán a disminuir el déficit lo que tomará cerca de una década su eliminación.
Nuestro sistema de tenencia de viviendas no ha cambiado en muchos años. Las personas deben destinar una parte de su ingreso a un ahorro previo y pagar la nueva vivienda con un crédito hipotecario a largo neto del subsidio que puedan recibir del estado. Las ayudas de terceros como el Hogar de Cristo, Techo para Chile y otros, si bien caritativos, ayuda, pero no resuelve el déficit.
El reciente 10° taller, Conferencia Internacional de la Ciudad organizado por la Cámara Chilena de la Construcción mostró estadísticas preocupantes. En la última década se constata una creciente diferencia entre el aumento del precio de una vivienda (70%) y las remuneraciones (20 %), lo que aleja la posibilidad de poseer una vivienda propia. El índice de dificultad de compra de la vivienda en Chile es casi el doble del que se observa en muchos países de la Unión Europea.
Hay países en que el estado central o los municipios construyen viviendas que son entregadas a los hogares, ya sea pagando un arriendo, subsidiando el precio o simplemente sin pago alguno cuando se trata de familias indigentes. Inglaterra desde hace siglos lo practica. En el caso de Chile la pobreza, según la encuesta Casen 2020 alcanza a 10.8 % de la población, 2.1 millones de personas. De Ellas 800.000 (4.3 %) son indigentes. ¿Podría el estado construir aproximadamente 740.000 viviendas entregadas en comodato o arriendo subsidiado para esas familias?
El costo de una vivienda social básica es del orden de US $ 20.000. Un plan decenal significaría la construcción de 115.000 viviendas sociales (hasta 50m2) por año con una inversión del estado de orden de US $ 2.300 millones menos el valor del terreno urbano ocioso del fisco que urbanizaría y lo aportaría gratuitamente.
Nadie sabe cuántos de cientos de miles de hás. posee el Estado. Se sabe que es el mayor terrateniente del país y que las mantiene ocultas en cientos de celosas instituciones públicas. Solo el ministerio de Bienes Nacionales declara 360.000 hás. sin contar dos grandes extensiones rurales que suman 273.369 hás. (bienesnacionales.cl). Por otra parte, el INE estima en 290.000 has la superficie ocupada actualmente por los asentamientos humanos del país. Por lo tanto, hay suficiente m2 estatales convertibles en viviendas para terminar con el déficit en una década. Si se tratara de casas, en un terreno de 100 m2 se requieren del orden de 8.000 hás. La nada misma frente a la ociosidad estatal.
¿Cuánto costaría el plan? US $ 2.300 millones más el terreno ocioso del estado. A modo de referencia, el IFE para este año tendrá un costo fiscal de us $ 8.670 millones y los bonos COVID, de clase media, subsidio mínimo garantizado, subsidio protege, y otros suman US $ 6.137, en total US $ 14.807 millones.
De ahí que, retornando a la normalidad, superada la emergencia de COVID y de la recesión que se sumó, es posible destinar recursos para acabar con el déficit habitacional en los próximos 10 años. Este programa es factible si se considera que los mas recientes indicadores de empleo, Imacec, ventas, y otros señalan que
la recesión económica está llegando a su fin y que el país está entrando en una franca recuperación.
Políticamente, tenemos varias elecciones al frente hasta la presidencial de fines de año. Los candidatos aun no se han manifestado respecto de un tema tan importante como la vivienda. Es de esperar que lo consideren en los programas de gobiernos que están haciendo circular. 740.000 nuevos hogares de 2.1 millones de chilenos se los agradecerá…si cumplen.

Javier Fuenzalida