Comisión de Libertad Condicional de Valparaíso acoge un 1% de las solicitudes de internos de la jurisdicción: ninguna de la cárcel de San Antonio

La Comisión de Libertad Condicional de Valparaíso acogió 5 de las 536 solicitudes de internos de las diversas unidades penales de la jurisdicción que postularon al beneficio correspondiente al primer semestre del año.
La comisión, que sesionó entre el viernes 5 y el lunes 15 de abril, revisó los antecedentes de cada uno de los postulantes, otorgando la libertad condicional a 1 interno del Centro de Educación y Trabajo Putaendo, 1 del Centro de Cumplimiento Penitenciario San Felipe y 3 del Complejo Penitenciario Valparaíso.
El trabajo de la comisión está regido por el Decreto Ley N° 321, modificado por la ley N° 21.124 que entró en vigencia el 18 de enero de 2019, y que establece como requisitos de postulación haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en el caso de condenas por delitos graves; presentar una conducta intachable en el establecimiento penal y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia y las posibilidades reales de reinserción.
La última modificación legal a la normativa se realizó en noviembre de 2023, con la entrada en vigencia de la ley N°21.627 que establece mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, como por ejemplo, que Gendarmería debe comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva las postulaciones a la libertad condicional presentadas por los condenados.
El tribunal, a su vez, notifica a la víctima, quien tiene la posibilidad de dar a conocer sus alegaciones por escrito, ya sea de forma personal o a través de su representante, ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, y hacer su presentación ya sea por fundamentos especialmente calificados o en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada.
La comisión fue presidida por la ministra (s) del tribunal de alzada porteño, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Ingrid Alvial Figueroa, y conformada por cuatro magistrados de los tribunales de la provincia: José Antonio Cifuentes Gil, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso; Claudio Espinoza Asenjo, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar; Fernando Vergara Racape, del Juzgado de Garantía de Valparaíso y Aída Cecilia Torres Salgado, del Juzgado de Garantía de Viña del Mar.