Diputado Ibáñez exige pago electrónico en Autopista Litoral Central que funciona solo con efectivo

El diputado Diego Ibáñez ofició al Ministerio de Obras Públicas y a la Delegación Presidencial de Valparaíso para exigir medidas concretas ante la falta de métodos de pago electrónicos en la Autopista Litoral Central, vía concesionada que conecta localidades turísticas como Cartagena, El Tabo, El Quisco y Algarrobo.
Actualmente, esta autopista solo permite el pago en efectivo, lo que ha generado múltiples problemas para usuarios que transitan sin portar dinero físico, viéndose obligados a devolver su trayecto, buscar cajeros o incluso quedar varados, afectando la experiencia de viaje, generando congestión y creando tensiones con el personal de la concesionaria.
“El problema no es técnico, es una muestra de negligencia en la gestión de una concesión que debería estar al servicio de las personas. Mientras gran parte del país ha avanzado hacia sistemas de cobro automatizado, esta autopista sigue anclada en un modelo obsoleto e injusto”, afirmó el parlamentario del Frente Amplio.
En el oficio enviado, Ibáñez solicitó modificar el contrato de concesión, incorporando la obligación de contar con alternativas electrónicas de pago (como tarjetas, código QR o TAG). Y que el Ministerio de Obras Públicas oficie formalmente a la concesionaria, exigiendo la implementación de métodos alternativos y fijando un plazo para su cumplimiento.
Asimismo pidió Informes sobre eventuales fiscalizaciones previas y si existen reclamos ciudadanos relacionados. y también Información a la Delegación Presidencial Regional sobre si ha recibido denuncias o ha sostenido gestiones formales por este problema.
“El estándar de servicio es inaceptable para una ruta de alto tránsito, clave para el turismo, la movilidad local y la conexión interregional. No se ofrece pago diferido, ni asistencia, ni opciones digitales. Es impresentable en 2025”, añadió Diego Ibáñez.
El diputado también advirtió sobre el carácter socialmente excluyente del sistema: “Muchas personas: especialmente jóvenes, turistas o quienes ya no usan efectivo, quedan fuera. Este tipo de barreras afecta la dignidad y el acceso justo a la infraestructura pública”.











