Municipio de San Antonio profundiza formación en no discriminación y participación ciudadana
En un contexto donde la administración pública enfrenta crecientes exigencias en materia de trato digno, transparencia y apertura institucional, la Municipalidad de San Antonio llevó a cabo una capacitación orientada al fortalecimiento técnico del funcionariado en dos marcos normativos centrales: la Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación, y la Ley N°20.500, que regula la asociación y la participación ciudadana en la gestión pública.
La actividad —certificada y ejecutada por el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno— convocó a funcionarios del área municipal, de Salud y de Educación, y fue coordinada por la Dirección Jurídica y el Departamento de Recursos Humanos.
El alcalde Omar Vera Castro planteó que este tipo de instancias responde a un proceso institucional de largo aliento. “Desde hace años el municipio ha buscado abrir espacios de inclusión y promover un trato respetuoso hacia todas las personas, independientemente de sus condiciones u orientaciones. La capacitación refuerza estos valores y permite que el personal pueda aplicarlos de manera consistente en su trabajo cotidiano”, señaló.
El programa de formación abordó los conceptos fundamentales que estructuran la Ley N°20.609: la distinción entre trato diferenciado y discriminación arbitraria, las categorías protegidas, el diseño del mecanismo de acción judicial y las orientaciones para que los organismos del Estado prevengan prácticas excluyentes.
En el caso de la Ley N°20.500, se revisaron los desafíos que supone institucionalizar procesos de participación en estructuras administrativas complejas, así como las limitaciones que persisten en el país para articular modelos estables de involucramiento ciudadano.
La profesional del Observatorio, Lucha Contreras Suárez, indicó que la capacitación busca instalar capacidades efectivas dentro de los equipos públicos. “Estas normativas requieren una comprensión articulada y una aplicación que vaya más allá de la mera formalidad. Nuestro trabajo incluye acompañamiento técnico, porque la no discriminación todavía carece de una institucionalidad única que ordene la acción estatal. En ese escenario, la continuidad del esfuerzo local es especialmente relevante”, afirmó.
Desde la Dirección Jurídica, la abogada Rubi Cabrera Aguilera destacó la posición estratégica del municipio como primera instancia de contacto con la ciudadanía. “La municipalidad recibe diariamente a vecinas y vecinos que requieren orientación y servicios. Por eso es indispensable que los funcionarios estén preparados para ofrecer una atención fundada en el respeto, la igualdad y la participación. San Antonio ha desarrollado normativas pioneras en estas materias y continúa avanzando en herramientas como el manual de buen trato”, sostuvo.
La jornada se inscribe en un proceso institucional de fortalecimiento normativo y cultural, que busca consolidar prácticas de atención coherentes con los estándares contemporáneos de derechos humanos, inclusión social y participación ciudadana.
La jornada se inserta en un proceso de fortalecimiento institucional que no solo consolida prácticas actuales, sino que proyecta una administración capaz de integrar con mayor rigor los principios de derechos humanos, igualdad y participación. En un escenario donde la evidencia comparada muestra que la calidad de los gobiernos locales depende cada vez más de su capacidad para anticipar tensiones sociales, corregir sesgos institucionales y abrir canales estables de diálogo ciudadano.