La gran apuesta política del Gobierno

La cadena nacional del Presidente José Antonio Kast no solo presentó un nuevo proyecto de ley. En términos políticos, marcó el inicio de la principal apuesta legislativa del gobierno y, probablemente, una de las pruebas más relevantes para medir su capacidad de conducción durante esta legislatura. El proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social no debe leerse únicamente como un paquete de medidas sectoriales, sino como un intento por articular una respuesta integral frente a las urgencias económicas, sociales y fiscales que hoy enfrenta el país.
La propuesta combina crecimiento, empleo, control del gasto y reconstrucción habitacional. Esa amplitud revela una decisión estratégica: abordar simultáneamente distintas demandas ciudadanas bajo una sola iniciativa, buscando instalar un relato de gobierno centrado en la reactivación y la gestión. Sin embargo, esa misma amplitud es también su principal riesgo político.
En el plano económico, el proyecto apuesta por reactivar el crecimiento a través de incentivos a la inversión privada. La rebaja gradual del impuesto corporativo, la reintegración tributaria y la búsqueda de mayor estabilidad para proyectos de largo plazo apuntan a reducir la incertidumbre que ha afectado el dinamismo económico en los últimos años. La señal política es clara: el gobierno busca posicionar la inversión como motor prioritario del crecimiento.
A ello se suman medidas destinadas a fortalecer el empleo formal, especialmente mediante créditos tributarios asociados al pago de salarios, con un foco importante en el apoyo a las PYMES. Más que una medida técnica, esto busca responder a una preocupación social de alta sensibilidad: la persistencia del desempleo y la fragilidad del mercado laboral.
Otro eje relevante es la simplificación administrativa para facilitar la ejecución de proyectos. Aquí el gobierno intenta intervenir sobre uno de los principales nudos del debate económico actual: la llamada permisología. La promesa de compatibilizar inversión y protección ambiental será, sin duda, uno de los puntos más observados durante la discusión legislativa.
En paralelo, la incorporación de medidas de responsabilidad fiscal y control del gasto público también responde a una lógica política más amplia. Incentivos al retiro en el sector público, mayores controles sobre licencias médicas y una fiscalización más estricta del uso de recursos buscan reforzar una imagen de disciplina en la administración del Estado.
No obstante, el componente más sensible del proyecto está en la reconstrucción de viviendas tras los incendios que afectaron a las regiones de Valparaíso y Biobío. Aquí el gobierno enfrenta no solo una necesidad social urgente, sino también una prueba de legitimidad frente a miles de familias que aún esperan respuestas concretas.
El verdadero desafío, sin embargo, no está únicamente en el contenido del proyecto, sino en su viabilidad política. El gobierno no cuenta con mayorías parlamentarias, lo que obliga a una estrategia de negociación fina, concesiones y construcción de acuerdos transversales. Precisamente por su carácter misceláneo, la iniciativa corre el riesgo de que apoyos parciales se transformen en rechazos globales.
La gran interrogante es si esta estrategia legislativa logrará articular gobernabilidad o, por el contrario, abrir nuevos flancos de conflicto político. De esa respuesta dependerá, en buena medida, el éxito del gobierno y su capacidad para convertir esta gran apuesta en resultados concretos para el país.

Jorge Astudillo, investigador y académico de Derecho, Universidad Andrés Bello