¿Estamos desincentivando a nuestros mejores directivos públicos?

Cada cierto tiempo volvemos a hablar de modernizar el Estado. Que hay que hacerlo más eficiente, más digital, más cercano a las personas. Todo eso es cierto, pero siento que hay una conversación que todavía no estamos dando y que, a mi juicio, es igual de importante y es ¿qué estamos haciendo para cuidar el talento que ya existe dentro del Estado?

Chile dio un paso enorme cuando creó el Sistema de Alta Dirección Pública. Fue una muy buena política pública. Se pasó desde un sistema donde muchas veces primaban las designaciones políticas, a uno donde el mérito comenzó a ocupar un lugar central. Hoy son más de cinco mil cargos adscritos al sistema y los procesos de selección son cada vez más exigentes. Los propios datos del Servicio Civil muestran que más del 76% de quienes llegan a estos cargos tiene estudios de magíster o doctorado. Es decir, el país ha sido capaz de construir un sistema que selecciona buenos directivos.

Una buena parte de esos futuros directivos ya trabaja en el Estado. Son profesionales que llevan veinte o treinta años recorriendo distintos servicios públicos, enfrentando crisis, implementando políticas, aprendiendo de los errores y acumulando un conocimiento que difícilmente se adquiere desde afuera. Son funcionarios que conocen cómo funciona el Estado de verdad, no desde un manual. Sin embargo, muchos de ellos trabajan a contrata. Y ahí aparece una barrera que, en la práctica, puede terminar alejando justamente a quienes más queremos atraer.

La ley hoy establece que un funcionario de planta que gana un concurso de Alta Dirección Pública puede mantener la titularidad de su cargo y, una vez terminado su período como directivo, regresar a esa función en las condiciones que establece la normativa. Es una protección razonable. El Estado entiende que asumir un desafío mayor no debería significar perder toda una carrera.

Pero esa misma lógica no existe para la mayoría de los funcionarios públicos, que precisamente son a contrata. Da lo mismo si llevan veinte años en el servicio, si ingresaron por concurso, si tienen magíster, doctorado o una hoja de vida impecable. Si postulan y aceptan un cargo ADP y, por cualquier motivo, dejan de contar con la confianza de la autoridad de turno, no vuelven al cargo donde desarrollaron toda su trayectoria, simplemente salen.

Y aquí quiero ser claro. No estoy planteando que los cargos de Alta Dirección Pública dejen de ser de exclusiva confianza. Esa es una facultad que debe seguir teniendo la autoridad política. Tampoco estoy proponiendo «apernar» funcionarios ni crear nuevas formas de inamovilidad. Creo que esa discusión va por otro camino.

Lo que me parece razonable es preguntarnos si el Estado no debiera proteger también la carrera de aquellos funcionarios que han demostrado, durante años, capacidad técnica, experiencia, probidad y compromiso con el servicio público. No para proteger a la persona, sino para proteger el talento que el propio Estado ha formado durante décadas.

De hecho, Chile ya entendió este problema en el sector salud. La dificultad para atraer médicos a cargos directivos llevó a modificar la legislación, permitiéndoles conservar el vínculo con su cargo de origen mientras ejercían funciones directivas. La idea era simple: si queremos que buenos profesionales asuman responsabilidades mayores, primero tenemos que eliminar las barreras que hoy los hacen pensar dos o tres veces antes de postular.

Entonces surge una pregunta bastante natural. Si esa lógica funcionó en salud, ¿por qué no abrir la discusión para otros profesionales del Estado que han construido una carrera de veinte o más años y que podrían aportar desde la Alta Dirección Pública? No creo que sea una discusión laboral, mucho menos gremial, la veo como una discusión de política pública.

Siempre hablamos de infraestructura, presupuesto o transformación digital, pero pocas veces recordamos que las políticas públicas no las implementan las leyes, las implementan personas, funcionarios/as. Y cuando el Estado pierde a sus mejores profesionales o desincentiva que asuman cargos de mayor responsabilidad, los efectos terminan llegando a la ciudadanía en forma de servicios menos eficientes, proyectos que se retrasan o decisiones que vuelven a empezar desde cero.

A mi juicio, aquí existe una oportunidad concreta de mejora. Chile podría discutir una modificación legal que permita a funcionarios a contrata con una trayectoria consolidada, por ejemplo, más de veinte años de servicio y un historial de buen desempeño, contar con un mecanismo de retorno cuando acceden por mérito a un cargo ADP, sería una señal potente. No cambia la naturaleza del cargo, no limita la confianza política y tampoco entrega privilegios. Lo único que hace es alinear mejor los incentivos para que los mejores se atrevan a dar el siguiente paso.

Al final, un Estado moderno no se construye solamente con buenas leyes o con mejores sistemas de gestión, también se construye cuidando a las personas que, durante años, han dedicado su vida a servir al país. Cada vez que un profesional con veinte o treinta años de experiencia deja el Estado, no solo se pierde una persona. También se pierde conocimiento, redes, experiencia acumulada y memoria institucional. Ese capital es difícil de medir, pero cuesta décadas volver a construirlo. Y cuando un profesional con experiencia decide no postular por miedo a perder toda su carrera, el que pierde es el Estado y los que finalmente reciben un peor servicio son los ciudadanos.

Patricio Muñoz Montenegro
Docente Facultad de Economía y Negocios
Universidad Andrés Bello