El vino con menos alcohol

El Gobierno modificó el Decreto N° 78 para establecer la categoría de «vino bajo alcohol», con un piso de 8,5 grados frente a los 11,5 exigidos hasta ahora. Esto es unamodificación menor en la regulación, pero que afecta a un negocio exportador relevante para le economía y revela cómo la política pública maneja los costos y beneficios de acomodar al sector productivo a una demanda que presenta cambios a una velocidad diferente a la ley.
El efecto es positivo para el país, ya que Chile es un exportador importante de vino y la demanda internacional se dirige hacia productos de menor graduación, vistos como productos más saludables y alineados con el bienestar. Que el país mantuviera un piso de 11,5° por decreto, cuando el estándar de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) es 8,5°, es considerada una barrera autoimpuesta que solamente provocaba una pérdida de competitividad al sector nacional. Modificar la norma reduce costos de cumplimiento, y permite que surjan nuevas zonas productivas, utilizar nuevas cepas y, lo más importante, permite llegar a un mercado que crece con dinamismo: el de los vinos bajos en alcohol y desalcoholizados, que según proyecciones de Global Growth Insights, podría multiplicarse por más de seis hacia 2032. Con el consumo global de vino y otros alcoholes en caída, diversificar la variedad de productos es una respuesta importante desde la industria.
Por otro lado, no actuar también genera costos reales, y es dejar a los productores domésticos fuera de un segmento en expansión mientras que otros países ya compiten en él, por lo que esta medida es un ajuste regulatorio más que una política industrial.
El análisis no se puede parar en la eficiencia. La estructura de costos de la desalcoholización es asimétrica pues la tecnología es cara, y la existencia de barreras a la entrada en capital se traduce en que los principales beneficiados serán las viñas grandes, con acceso a diferentes fuentes de financiamiento, mientras productores medianos y pequeños podrían quedar en desventaja competitiva. Esto es un problema de la modificación de la regulación, ya que no imparte oportunidades de manera pareja y beneficia a los actores que ya tenían más capacidad instalada.
Hay, además, una dimensión de salud pública que no debe subestimarse. Un vino de menor graduación reduce el etanol por copa, pero ese beneficio desaparece si el consumidor compensa bebiendo más cantidad. Si la nueva categoría se comercializa bajo una promesa implícita de producto «más sano», existe riesgo de una externalidad negativa: incentivar mayor consumo bajo una falsa sensación de menor riesgo.
En síntesis, la medida corrige una distorsión regulatoria real y da margen de innovación a un sector exportador relevante, pero sus beneficios no se distribuirán de forma neutral entre grandes y pequeños productores, y su efecto sobre exportaciones y consumo interno está lejos de ser automático. Modernizar la norma era necesario; que no profundice la concentración de la industria ni distorsione las señales de salud pública es tarea pendiente.

Gonzalo Escobar – Académico Facultad de Economía y Negocios UNAB