Senado aprueba de manera unánime la rebaja de tarifas eléctricas a servicios sanitarios rurales y se despacha a ley

La iniciativa reducirá los costos de energía a los más de 2.300 SSR registrados en el país, lo que se traducirá en un beneficio concreto a más de 2 millones de personas que viven en zonas rurales y aisladas de nuestro país.
Con 39 votos a favor y sin votos en contra, la Sala del Senado aprobó de manera unánime y despachó a ley el proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), cuyo objetivo es rebajar el cobro por recargo de la tarifa eléctrica en horario punta y límite de invierno a los Servicios Sanitarios
Rurales (SSR).
En la jornada estuvieron presentes el ministro de Energía, Diego Pardow y la ministra de Obras Públicas, Jessica López, secretarios de Estado que apoyaron y patrocinaron el proyecto que beneficiará a más de 2 millones de personas que viven en zonas rurales.
Durante la sesión, el ministro Pardow valoró el respaldo transversal que recibió la propuesta surgida como una moción parlamentaria y que contó con el respaldo unánime en ambas cámaras. “Los servicios sanitarios rurales cumplen un fin social fundamental a la hora de llevar este bien, que es un derecho humano, a los ciudadanos y ciudadanas de sectores rurales”, dijo.
“Quiero agradecer la disposición que hemos tenido durante todo este tiempo de parte de los distintos parlamentarios para darle la celeridad que requiere un proyecto de ley que es muy sentido en las zonas rurales de nuestro país y que nos va a permitir llegar con un alivio financiero significativo para este segmento de la población”, añadió la autoridad.
Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, recordó que este año se cumplen 60 años desde que se creó el Programa Nacional de Agua Potable
Rural en Chile y que entre los desafíos está la sostenibilidad del sistema.
“Uno de los elementos esenciales es buscar la sostenibilidad financiera de estas organizaciones comunitarias y, en ese sentido, quiero recordar que más del 80% de ellas son organizaciones de menor tamaño que tienen 300 o menos arranques o conexiones. Por lo tanto, asegurar la sostenibilidad técnica para tener continuidad, calidad y cobertura en el servicio y además la sostenibilidad financiera es crucial”, afirmó.
La secretaria de Estado añadió que este proyecto de ley “va directo a la vena en términos de hacerse cargo de un elemento que es muy determinante en los resultados y en los gastos que tienen los servicios sanitarios rurales y que es el gasto en energía, en particular cuando corresponde en la tarifa de punta”.
La diputada representante de la Región de Coquimbo, Nathalie Castillo, fue una de las patrocinantes de la moción parlamentaria y afirmó que esta medida ayudará al bolsillo de muchas y muchos, “pero también, en un escenario de profunda sequía que afecta a nuestro territorio en las distintas provincias de la región, donde un recurso tan elemental como el agua escasea, las APR cumplen
un papel fundamental de proveer el agua a la comunidad. Este es un gran avance que ayudará a estas organizaciones sin fines de lucro a no tener un costo extra en sus operaciones”.