Denuncian graves ilegalidades estructurales y riesgos a la vida en el proyecto “Parque Barón” de Valparaíso
Organizaciones ciudadanas han presentado una denuncia formal ante la Contraloría General de la República para frenar la ejecución del proyecto “Parque Barón” (Licitación ID 704093-1-O124), alertando sobre vicios de legalidad insubsanables que ponen en riesgo la seguridad de miles de personas y comprometen millonarios recursos fiscales.
La acción, liderada por Jorge Bustos (Fundación Defendamos la Ciudad) y Marco Meza Figueroa (Fundación MAU), sostiene que el diseño actual, bajo responsabilidad del SERVIU Región de Valparaíso, infringe normas urbanísticas de orden público y omite medidas críticas de seguridad ante catástrofes.
El conflicto: Urbanismo vs. Seguridad
El proyecto es catalogado como un “Equipamiento Mayor” al proyectar una afluencia superior a las 6.000 personas. Según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), específicamente en sus artículos 2.1.35 y 2.1.36, este tipo de predios debe “enfrentar” directamente una vía expresa o troncal para garantizar la accesibilidad y, lo más importante, una evacuación masiva eficiente.
La denuncia señala que el diseño actual no cumple con este requisito legal, lo cual es crítico dado que el terreno se ubica en una zona de alto riesgo de tsunami. Los denunciantes alertan que el SERVIU pretende subsanar esta falta postergando los accesos soterrados a una supuesta “segunda etapa”, dejando la etapa actual (de $23.000 millones) sin las condiciones normativas mínimas para resguardar la vida en caso de emergencia.
Ilegalidades y antecedentes ambientales
La nota de prensa destaca tres pilares fundamentales que sustentan la denuncia:
1. Incompatibilidad con el uso industrial: La zona presenta niveles de ruido industrial críticos. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), mediante la Res. Exenta N° 1684, ya ha sancionado a la Empresa Portuaria Valparaíso por exceder los límites de ruido nocturno, afectando a casi 5.000 personas en el sector. Resulta contradictorio habilitar un espacio recreativo masivo en un área de carga portuaria pesada.
2. Incumplimientos históricos: El sector ya cuenta con un historial de irregularidades. En 2017, la SMA sancionó a la Municipalidad de Valparaíso (Res. Exenta N° 1436) por no elaborar un Plan de Prevención de Riesgos para tsunamis coordinado con las autoridades, ni entregar un catastro de patrimonio arqueológico del subsuelo.
3. Primacía de la Ley sobre Acuerdos Políticos: Los recurrentes enfatizan que el «Acuerdo por Valparaíso» o conveniencias sociales no pueden estar por sobre la OGUC. El otorgamiento de permisos es un acto reglado, y la administración no puede omitir exigencias de seguridad imperativas invocando el beneficio recreativo del parque.
Un llamado a la probidad administrativa
Los denunciantes han solicitado a la Contralora General, Doña Dorothy Pérez, que determine la legalidad del gasto público asociado a la licitación y se pronuncie sobre la responsabilidad patrimonial del Estado al insistir en un diseño que reproduce ilegalidades previamente declaradas por la Corte Suprema.
«Habilitar un equipamiento de esta magnitud sin resolver su accesibilidad y evacuación normativa constituye un defecto estructural que no puede ser ignorado», señalaron los representantes de las fundaciones.