El costo oculto de una buena intención

La norma que obliga a reponer de forma gratuita los servicios básicos en zonas de catástrofe nace con un objetivo de justicia y buena intención y es que ningún hogar quede sin luz, gas o agua en plena emergencia. Lo que hay que tener en cuenta es que entre la intención y la regulación existe una brecha que es bastante clara: su resultado se verá en facturas futuras para todos los usuarios, no solo para quienes se busca proteger.
La Ley de Reconstrucción Nacional establece reconectar en 48 horas los servicios de electricidad y gas, y en 24 horas agua y alcantarillado, e incluye también a clientes con deuda cuyo suministro estaba cortado antes de la catástrofe. El Tribunal Constitucional acreditó la medida, pero las empresas del sector indican que el plazo es, en la práctica, incompatible con la forma en que las empresas operan en una emergencia real.
Desde una mirada económica, el problema es simple: cumplir un estándar de 48 horas de forma permanente, e incluso para cualquier tipo y tamaño de desastre, no es gratis, pues obliga a contar con una capacidad instalada de cuadrillas muy superior a la que se utiliza bajo condiciones normales. Dicho de otra forma, el tener capacidad ociosa no desaparece de la contabilidad de la empresa, por lo que se traslada a la tarifa del cliente residencial.
Otro aspecto que se debe considerar es que la norma da prioridad a la reconexión de clientes que no pagaron su cuenta por sobre clientes que están al día y ,por lo tanto, esto es financiado con un alza de tarifas que recae sobre todos los usuarios, incluidos los que cumplieron sus obligaciones. De esta manera, se está frente a una transferencia con un diseño regresivo y que ha sido poco discutido hasta ahora.
A lo anterior se debe agregar la asignación de recursos en el corto plazo, pues en una catástrofe, la atención no estará centrada en la voluntad de reconectar a los clientes, sino en la cantidad de cuadrillas disponibles. Además, contar con personal a reconexiones de clientes que son morosos queda en el mismo nivel de prioridad que se necesita para reparar postes, transformadores y redes que dejan sin servicio a miles de hogares. Un plazo rígido, igual para un corte menor que para infraestructura destruida, ignora que el costo de oportunidad de cada cuadrilla cambia según el escenario.
Por otro lado, en el caso del gas hay que considerar que el riesgo de seguridad no es un costo bajo, es un costo con probabilidad alta de que ocurra un siniestro, pues podría llegar a no cumplir estándares de seguridad para cumplir un plazo administrativo, lo que puede derivar en accidentes cuyo costo, si ocurren, supera con creces el tiempo ahorrado.
Frente a esto, una alternativa a tener en consideración y que puede ser más eficiente es de sustituir el plazo por un estándar de reposición que esté restringido a la seguridad, diferenciar el servicio, es decir, el gas de la electricidad y el agua, y limitar compensaciones a los casos con responsabilidad real de la empresa, excluyendo la imposibilidad técnica, lo que no implicaría aumentos futuros en las cuentas de los clientes residenciales.

Gonzalo Escobar – Académico Facultad de Economía y Negocios UNAB