La Ruta 5 pasó la cuenta

En vísperas del paro camionero, el Ejecutivo anunció un proyecto para limitar las próximas alzas de los combustibles. Lo ingresó al Congreso con discusión inmediata y, poco después, lo retiró para introducir ajustes. Para entonces, el diésel se había encarecido en promedio $373 por litro durante tres meses, mientras el petróleo Brent ya venía cayendo con fuerza. La propuesta quedó pendiente cuando el mercado internacional comenzaba a dar señales de alivio y los transportistas llevaban meses absorbiendo el encarecimiento.
La caída del petróleo puede aliviar el precio del diésel en Chile, aunque ese efecto tarda en sentirse. Para un transportista que pactó su tarifa antes del alza, el combustible cuesta más desde el primer viaje, pero el ingreso por ese flete sigue siendo el mismo. Ese desfase reduce sus márgenes y ayuda a entender por qué los camioneros salieron a protestar cuando el crudo internacional ya estaba bajando.
El paro de 2022 ofrece un antecedente revelador. Entonces, el petróleo también venía retrocediendo, pero el diésel se había encarecido unos $410 por litro desde comienzos de año. La movilización terminó tras un acuerdo en que el Gobierno se comprometió a impulsar un congelamiento del precio del diésel durante cuatro meses y reforzar la seguridad en las rutas.
Al término de aquella paralización, el entonces ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, estimó en US$60 millones las pérdidas del sector agrícola. Para entonces, las consecuencias ya habían alcanzado a productores que dependían de trasladar oportunamente su fruta hacia los puertos. El conflicto había dejado de ser exclusivamente un problema de los transportistas para convertirse en una amenaza para otras actividades económicas.
Esta vez, lo que cambió en vísperas del paro fue el costo político de seguir esperando. Durante meses, el encarecimiento del combustible se reflejó silenciosamente en el margen de cada flete. Cuando la continuidad de los despachos quedó en duda, el problema pasó a ocupar un lugar urgente en la agenda del Ejecutivo.
Sin embargo, el retiro del proyecto deja al Gobierno revisando su respuesta con la movilización en marcha. La situación evidencia una dificultad recurrente: las medidas destinadas a contener los costos llegan cuando sus efectos ya se han acumulado y comienzan a extenderse hacia otros sectores productivos.
Si el Ejecutivo vuelve a presentar la iniciativa y la caída del Brent se refleja en el precio del diésel, el límite podría entrar en vigor cuando ya quede poco que contener. La discusión inmediata puede acelerar una votación, pero no recuperar los márgenes perdidos ni revertir las consecuencias de una paralización.
La decisión política que habría hecho mayor diferencia era intervenir durante los meses de alzas, cuando los camiones seguían realizando los mismos viajes por las mismas tarifas. Porque cuando la urgencia aparece recién con las rutas amenazadas, el costo de la demora ya lo están pagando otros.

Boris Pastén, director de Negocios Internacionales, Universidad Andrés Bello