Lecciones ambientales de la Acusación Constitucional

Luego de la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, pareciera que uno de los temas que quedó en el olvido es la importancia de un proceso transparente en la declaración de Áreas Marinas Protegidas (AMP).
Esta constituye el reconocimiento legal a un espacio marino, costero, específico y delimitado, del que se busca asegurar la preservación y conservación de la biosfera marina, la protección del patrimonio natural, cultural y del valor paisajístico de la zona.
Su procedimiento radica en la proposición del Comité Nacional de Áreas Protegidas y del Ministerio de Medio Ambiente, el pronunciamiento previo del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el decreto que aprueba dicha declaración, estableciendo el polígono y el objeto de la biodiversidad marina que se busca proteger y un plan de administración de la zona. Decisiones de protección ambiental que pueden ser más bien políticas que técnicas.
La Higuera se caracteriza por su gran biodiversidad, pero no es más que el reflejo de los diversos conflictos ambientales que nuestra legislación y política pública no logra compatibilizar en este tipo de declaraciones, en los planes de ordenamiento territorial, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otros.
La acusación constitucional quedó para los anales de la historia. Sin embargo, debemos avanzar en reformas a la legislación e institucionalidad ambiental, por ejemplo, en la creación del Servicio de Biodiversidad y Aéreas Protegidas, que lleva varios años en tramitación, para que este tipo de medidas no queden al arbitrio o burocracia del gobierno de turno, sino que sean decisiones que se desarrollen de la forma más transparente, participativa y objetivamente posible, responsabilizándonos como sociedad de la herencia ambiental que dejaremos a las generaciones futuras.

Alberto Marín Académico de la Facultad de Derecho UDLA Sede Viña del Mar