Profesores sanantoninos respaldan acusación contra el Ministro de Educación

Los docentes esperan que la iniciativa impulsada por la diputada Camila Rojas (Comunes), concluya con la destitución de Raúl Figueroa en la cartera.
Amplio respaldo a la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación Raúl Figueroa, manifestaron profesores de la provincia de San Antonio. De acuerdo a lo expresado por los docentes las expectativas, tras esta acción en el Congreso, es su destitución del cargo.
La iniciativa presentada el martes en el Congreso, está encabezada por la diputada sanantonina Camila Rojas (Comunes), quien ha insistido en rescatar la educación pública como base de cambio real para mejorar la calidad de vida de las personas.
“Para los profesores de San Antonio es una enorme satisfacción saber que el ministro Figueroa está siendo acusado constitucionalmente por su negligencia como ministro de esa cartera tan importante para el país. Pensamos que la infracción sobre los derechos fundamentales de la Constitución en aspectos legales de su gestión marca un precedente histórico también en lo que tiene que ver con la ejecución y el manejo del ministerio”, declaró Bárbara Herrera, presidenta del comunal San Antonio.
La docente agregó que “a nivel nacional, como Colegio de Profesores hemos constatado que existe un 50% menos de recursos, un 60,1% de disminución en la subvención PIE, 55% menos también en el aporte a la subvención SEP y no se ha hecho cargo de abordar las clases a distancia en su gestión. Además del nulo respeto por los servicios locales, por los DAEM, por la educación municipal, la educación pública. Tampoco se ha acercado a conversar con estas instancias, solamente lo ha hecho con particulares subvencionados de cierta categoría y no con los niños más vulnerables de nuestro país”.
Con especial atención en los estudiantes vulnerables y en el acceso a la educación, Susana Hernández, presidenta del Colegio de Profesores Comunal El Tabo puntualizó que “cuando el ministro invierte 300 millones en una campaña de retorno a clases ahí claramente muestra cuáles son sus prioridades, que no son la igualdad en la educación para todos los estudiantes de nuestro país. Esperemos que la acusación llegue a buen término, y a través de los argumentos se pueda visibilizar las acciones que se podrían haber realizado o no para favorecer la educación de todos los estudiantes”.
Al respecto, el profesor de El Tabo y actual concejal de la comuna, Rolando Espinoza, indicó que “encuentro que tiene total coherencia la acusación contra el ministro de Educación que ha pasado los límites de indolencia y testarudez intentando volver a una “normalidad” que en estos dos años de pandemia no existe. Hago la analogía con lo vivido en el colegio El Tabo luego del estallido social de octubre 2019, donde el jefe DAEM apoyado por el sostenedor (alcalde Jorquera en ese entonces), intentaba que todo volviera a foja cero mientras afuera a la legítima manifestación se le arrancaban los ojos a punta de balas”.
“Espero que esta acusación termine destituyendo al ministro y sirva de ejemplo al siguiente, para que se entienda que la dignidad de las y los trabajadores de la educación, junto a toda la comunidad estudiantil, no pasa por una decisión de un ministro, sino que es una condición base para que la educación tenga el impacto transformador para la sociedad”, agregó el profesor Espinoza.
Los argumentos de la acusación
El texto presentado el martes en la Cámara de Diputados y Diputadas consta de tres capítulos acusatorios. La diputada Camila Rojas, quien fue parte en la redacción de la Acusación Constitucional explicó que «la Acusación Constitucional es una herramienta de última instancia. Las infracciones a la Constitución y a la ley que señala el texto acusatorio, fue expuesto al ministro Raúl Figueroa en múltiples ocasiones, se buscaron soluciones por todos los caminos, pero finalmente el ministro persistió. Ante esta situación, es nuestra obligación llegar hasta la última instancia que tenemos como diputados y diputadas. Acá se ha vulnerado el derecho a la educación, se han vulnerado los derechos laborales de las y los profesores y se ha puesto en riesgo la integridad física y psíquica de la comunidad escolar… Nuestro mandato constitucional es resguardar el cumplimiento de la Constitución y acá hay una vulneración que tiene que terminar ya».