Diputada Camila Rojas pide tomar medidas para que más de 3 mil familias de campamento de San Antonio no queden en la calle

Esto ocurrió en la sesión de la Cámara de Diputados, a días de que se conociera el fallo de la Corte de Valparaíso que acoge un recurso de protección y ordenó el desalojo de terrenos tomados en San Antonio y Cartagena.
La diputada Camila Rojas señaló en su intervención que, “estos últimos días nos hemos enterado de un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordena el desalojo de un predio denominado Hijuela de Llolleo y Parcela 14, en la comuna de San Antonio. Esto instruye en un plazo de 120 días efectuar el desalojo de 256 hectáreas pertenecientes a la inmobiliaria San Antonio, de un sector en donde hoy viven aproximadamente 3 mil familias en diversos campamentos de las comunas de San Antonio y Cartagena”.
La autoridad local recordó que entre los campamentos afectados por este fallo se encuentran el Cerro centinela, Fuerza Guerrera, El Esfuerzo, entre otros, que son poblaciones que llevan cerca de cuatro años viviendo en estos sectores, los que en su mayoría se encuentran reconocidos y catastrados por el Serviu regional, a través de su programa de asentamientos precarios que realizó un diagnostico socio territorial entre los años 2023 y 2024, con el objetivo de dar soluciones definitivas a las familias.
“El fallo se fundamenta en el legitimo derecho de propiedad de la Inmobiliaria San Antonio, quienes son los dueños del predio mencionado. No desconocemos la importancia de un derecho como este, pero la sentencia dictada por la corte autoriza el auxilio de la fuerza pública en caso de no cumplirse. Entonces me pregunto, qué mecanismos podría usar el Estado de Chile para poder darle cumplimiento a este fallo, cuántos carabineros tendrían que ponerse a disposición para desalojar por la fuerza a la cantidad de personas de las que estamos hablando, y en el mejor de los casos, si este operativo se realizara de forma pacífica, dónde van estas cerca de tres mil familias, van a quedar en situación de calle, vamos a dejar a niños, niñas, adolescentes, personas mayores viviendo en avenida Centenario o avenida Cartagena. Lo anterior habla solamente de la poca capacidad estatal para realizar una planificación urbana de forma adecuada y de no poder ofrecer soluciones efectivas a una problemática que se acentúa y profundiza año tras año”, añadió Rojas.
Durante la intervención, se recordó la escasez de vivienda que existe en el país, algo que también ocurre en la provincia de San Antonio, con importantes cifras de familias que viven en campamentos o como allegados, razón por la cual a mediados del año pasado el gobierno anunció el plan de emergencia habitacional, el cual busca cubrir cerca del 40% de la demanda habitacional, principalmente en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y Bio Bio, el cual incluye medidas que robustecen el banco de suelo del Estado para asegurar espacios para proyectos habitacionales y levantar 260 mil inmuebles.
“Es por lo anteriormente descrito que el fallo de la Corte de Apelaciones llega como un balde de agua fría para las familias, que las pone en una posición indeseable, relevando que claramente esta temática no puede tener solo una dimensión judicial, pues pone a las personas en contra del Estado que debiera cuidarlos, ordenando dejarlos en la calle, frente a una crisis que no solo es de larga data, sino que tiene diversos factores que entrecruzan, como los altos costos del suelo, la especulación de la vivienda, la falta de acceso a créditos hipotecarios de estas familias. Cuantas veces nos han dicho a varios de nosotros que son demasiados pobres para un crédito hipotecario, pero considerados demasiado ricos para obtener un subsidio del Estado. En resumidas cuentas hoy no solo se encuentran viviendo en campamento, sino que además con la amenaza de perder el hogar que han construido. Es imperativo que esta situación se aborde de manera urgente, de manera integral y con medidas que le hagan fuerte. Por eso solicito al Ministro de Vivienda y urbanismo que se pueda pronunciar por las acciones a seguir en este caso”, finalizó la diputada Camila Rojas.