Habitantes de la toma de cerro Centinela se manifestaron frente a la Corte de Apelaciones

Luego de conocer el rechazo a la solicitud de aplazar el desalojo de la toma, dirigentes de lugar viajaron a Valparaíso, para manifestar su descontento y preocupación, dando a conocer una aclaración pública.

Nos manifestamos a las afueras de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para dirigirnos a la comunidad y a las autoridades para expresar nuestra profunda preocupación sobre la resolución dictada a 4 de febrero de 2025, instancia que ha habilitado la posibilidad de existir un desalojo forzoso que afecta a 10.000 personas catastradas formalmente que componen nuestros asentamientos precarios en la comuna de San Antonio, considerado como el campamento más grande de Chile, cuyas personas que habitamos el sector, no contamos con otra vivienda más que las existentes, del modo que acreditan los informes públicos evacuados.
No obstante, siendo informados lo señores de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que por distintos motivos se necesita suspender la orden de desalojo y obtener un tiempo razonable para construir una solución, resultó que se comprometieron en rechazar lo señalado y estimular gravemente la posibilidad de violar los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y la paz social al activar un desalojo que dejará en la calle a las siguientes personas por no tener otro lugar donde vivir:
– 3.000 niños, niñas y adolescentes.
– 4.500 mujeres jefas de hogar que han arrancado de distintos tipos de violencia.
– 800 ancianos y ancianas.
– Y un 93% de las familias no son segundas viviendas y pertenecen a los porcentajes de más alto índice de vulnerabilidad del país.
Han mentido sobre nosotros por distintos medios de comunicación y nos han envuelto en una campaña de desprestigio intencionada, de apología de odio, haciendo creer a la nación que somos aprovechadores, delincuentes y traficantes, cuando somos personas de esfuerzo y de trabajo.
Por tal, hacemos un llamado urgente al Gobierno de Chile y a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que cambien sus criterios y respeten los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, ya que al igual que otros campamentos a nivel nacional hemos sido todos víctimas de una campaña y una “Agenda Nacional de Desalojos Forzosos” que el Gobierno llama “Agenda Nacional de Recuperación de Territorios” o de “Proceso de Desocupación”. Si recuperar territorios o desocupar propiedades significa respetar sentencias ilegales y arbitrarias vulnerando derechos a los afectados, que es nuestro caso, no estamos de acuerdo señores, nosotros también somos agentes de derechos y no compartimos el hecho que exista una justicia para ricos y otra para pobres, creemos en la igualdad ante la ley.
Por esto necesitamos que los tribunales superiores se limpien de los tráficos de influencias que se han hecho público y de notorio conocimiento últimamente, vulnerando el imperio del derecho y la fe pública, y un ejemplo de esto es la resolución dictada recientemente a 4 de febrero de 2025 o la sentencia de segunda instancia dictada en apuros por la ex ministra Ángela Vivanco.
Es evidentemente que la última resolución señalada es contradictoria a lo que la Corte de Apelaciones de Valparaíso venía fallando producto de nuestras últimas presentaciones. No obstante, no es una sorpresa, ya que la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. obtuvo desde un principio mediante engaños una beneficiosa sentencia de desalojo, ya que fueron ellos mismos quienes nos solicitaron ocupar todo el Cerro Centinela, donde construimos a vista y paciencia de los mismos por años, luego nos desconocieron y nos culparon falsamente de usurpadores violentos, y ahora, al no cerrar negocio de compraventa al precio que deseaban, somos gravemente violentados en ser desalojados.
Finalmente, podemos agradecer los esfuerzos conducidos por el Gobierno en formar Cooperativas de Viviendas Cerradas como una solución, instancia a la que seguiremos si las seguridades lo permiten, pero ahora necesitamos un proceso más robusto tras lapidaria resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que nos deja altamente preocupados.
Por tal, no podemos seguir bajo un precario procedimiento de posible solución, y por otro lado, también necesitamos que el Gobierno apele y dé señales claras, no puede ser posible que los pobladores y pobladoras sigamos reclamando derechos que son un deber del Estado, salvo, que la única verdad del Gobierno sea desalojar campamentos incumpliendo los Pactos Internacionales de Derechos Humanos en concordancia al poder judicial y a todos nos estén engañando.
Por tal, el riesgo es real y han encendido las alertas, pero seguiremos luchando a través de todas las instancias existentes, por esto partimos movilizándonos públicamente el día de hoy y dejar en conocimiento al país de lo que acontece, y que no estamos dispuestos a ser vulnerados en nuestros derechos, como sospechamos que también lo harán otras comunidades afectadas por la Agenda Nacional de Desalojos Forzosos que el Gobierno no ha parado de ejecutar.