Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia: Gobierno aún no designa a Director Implementado
Funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial advierten una profunda preocupación ante el retraso en la designación de un cargo que consideran como “clave” para la puesta en marcha del nuevo servicio encargado de entregar asesoría jurídica gratuita a la población y apoyo a las víctimas de delitos.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, representantes de las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), manifestaron su preocupación ante el retraso no justificado por parte del gobierno, de nombrar al Director/a Implementador del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, norma que ya entró en vigencia hace casi un mes tras ser promulgada en el Diario Oficial.
La inquietud funcionaria surge porque este cargo –que debe ser designado inicialmente por el Presidente de la República y luego por Alta Dirección Pública, aún sigue vacante, pese a cumplir un rol clave en la renovada orgánica, siendo el llamado a efectuar las gestiones para iniciar su funcionamiento, la obtención del rol único tributario de la institución, la apertura y habilitación de cuentas bancarias, la inscripción en el mercado público, así como el llamado a concurso y provisión de los cargos directivos en cada región, según señala el artículo 4 transitorio de la ley 21780, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.
Junto con exigir al Ejecutivo una exhaustiva determinación de perfil técnico, profesional y ético de quien dirigirá el Servicio que reemplazará a las actuales CAJs, desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia, entidad que reúne a las y los trabajadores, expresaron su inquietud, pues quien ejerza este cargo tiene además “la responsabilidad de cumplir protocolos de acuerdo sobre ámbitos como remuneraciones, jornadas laborales, presupuesto y dotación de personal”, firmados el 2023 y 2025 lo que a la fecha no ha ocurrido de manera íntegra.
Recordar que el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia establece un proceso de instalación gradual, comenzando por las regiones del norte del país dentro de un plazo de 18 meses contados desde la promulgación de la ley, situación que se estaría incumpliendo a raíz de la dilación en el nombramiento de quien debe encabezar dicha etapa.