Concejales sanantoninos piden pronunciamiento a Contraloría sobre concurso interno en el municipio

Los concejales Paola Améstica, Manuel Meza, Alexis Lizama y José Ibarra presentaron un oficio ante la Contraloría General de la República, solicitando un pronunciamiento legal, administrativo y normativo respecto del proceso de concurso interno que actualmente se encuentra en desarrollo en el municipio.

De acuerdo a lo indicado por los cuatro concejales sanantoninos, esta acción nace debido a que el proceso ha generado una legítima preocupación entre las y los funcionarios municipales, ya que se vincula directamente con el respeto a la carrera funcionaria, la igualdad de oportunidades, la transparencia y la legalidad administrativa.

“En atención a estas inquietudes, realizamos previamente una consulta formal a la actual administración comunal. No obstante, la Dirección Jurídica informó su abstención de emitir pronunciamiento, señalando que su titular se encuentra inhabilitada al postular al mismo concurso, lo que impidió contar con una respuesta institucional clara y fundada”, señala la declaración pública.

Respecto al requerimiento que se presentó ante Contraloría, se pide determinar si  corresponde jurídicamente llevar adelante el concurso público municipal en curso, mediante el cual se pretende proveer 57 cargos, de un total de 85 aprobados por la Contraloría General de la República para la nueva planta municipal de San Antonio, sin que previamente el Concejo Municipal haya aprobado el Reglamento Interno de la nueva Estructura Organizacional Municipal.

Dentro de esto, se detalla que el Reglamento Interno actualmente vigente data del año 1997, encontrándose completamente desactualizado frente a la nueva realidad organizacional del municipio. Asimismo, la nueva planta municipal fue aprobada con toma de razón por la Contraloría General de la República el año 2023, estableciendo expresamente que deben ser concursados 85 cargos con grados específicos, como parte esencial del proceso de implementación, lo que exige reglas claras, previamente definidas y aprobadas.

Ante la ausencia de una respuesta institucional y considerando el impacto directo que este proceso tiene en la estabilidad laboral, las legítimas expectativas de desarrollo profesional de las y los funcionarios, y en la correcta aplicación de la normativa vigente, es que como concejales decidieron recurrir al órgano contralor para que entregue certeza jurídica y administrativa.

“Como Concejales, reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con el resguardo de la carrera funcionaria, la probidad administrativa y el uso correcto de los procedimientos públicos. No se trata de obstaculizar procesos, sino de asegurar que estos se realicen conforme a la ley, con reglas claras, transparencia y respeto a los derechos de quienes han dedicado años de servicio a nuestra municipalidad. Seguiremos ejerciendo nuestro rol fiscalizador con responsabilidad y convicción, porque la legalidad, la justicia administrativa y la defensa de las y los funcionarios municipales son pilares fundamentales para fortalecer la gestión pública y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones”, concluyeron los concejales Améstica, Meza, Lizama e Ibarra.