Agrupaciones entregan carta de rechazo al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional
En la Delegación Provincial se entregó el escrito que representa a alrededor de mil quinientos sanantoninos, entre personas naturales y representantes de diversas organizaciones sociales de la provincia, quienes manifiestan su rechazo por el proyecto de ley que se encuentra en discusión en el Congreso, así como también el descontento por la agenda económica, ambiental y habitacional gubernamental.
El escrito firmado por más de 130 personas, entre naturales y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, hacen ver el rechazo a la ley miscelánea que se encuentra discutiendo actualmente en el Congreso, así como también a otras políticas de la administración actual, las cuales afirman que afectarán directamente a las familias chilenas.
Sofía Contreras, concejala de la comuna de San Antonio fue una de las personas que llegó a hacer entrega del documento, señalando que, “junto con distintas organizaciones sociales, ambientales y territoriales, trajimos esta carta a la Delegación, con el único objetivo de que el Presidente, a través de su Delegada Presidencial, escuche las demandas de San Antonio, que no nos recorte el presupuesto. Actualmente tenemos un recorte de 3% en los ministerios, tenemos un recorte proyectado también en la ley de presupuesto, que se va a traducir en más pobreza para nuestra ciudad. Los profesionales que trabajan en los programas, por ejemplo, de la municipalidad, van a estar empezando a quedar sin trabajo. Esto se suma al alza del precio del combustible y también a una reforma tributaria deficitaria; es decir, se recaudan menos impuestos para financiar menos beneficios sociales”.
En ese marco se habló sobre los recortes que se han anunciado en materia, por ejemplo de salud, donde se reporta que el Hospital Claudio Vicuña sufriría un reajuste presupuestario que recortaría más de mil millones de pesos para su funcionamiento, lo que preocupa a la ciudadanía y las agrupaciones.
Respecto a los firmantes, Contreras detalló que, “debido a que esta carta la firmaron cerca de ciertas 130 personalidades, tanto jurídicas como individuales, estas son de variado espectro, por ejemplo, está el campamento de Placilla, está el movimiento del agua y el territorio, hay organizaciones bastante grandes. Por lo que, quienes suscriben la presente carta, creemos que podría rondar entre unas 1.000 y 1.500 personas en representatividad a lo largo de toda la provincia”.
En el escrito, también se hace referencia a la afectación que esta ley significaría al Fondo Común Municipal, manifestando la preocupación que significa que los municipios del país se vean con menos fondos para cubrir necesidades importantes de la comunidad, tales como seguridad.
Son varios los temas que se abordan en esta carta de las organizaciones sanantoninas, siendo otro de los principales el medio ambiental; en particular, preocupa la eventual reducción de herramientas de reclamación respecto de Resoluciones de Calificación Ambiental y de mecanismos judiciales utilizados históricamente por organizaciones socioambientales para revisar procedimientos ambientales y resguardar adecuadamente los territorios.
Marjorie González, de la agrupación Hidro Defensa y representante de la Comisión Técnica del Movimiento por el Agua y los Territorios, explicó que, “con esta ley miscelánea nos encontramos con que la fortaleza ambiental que tenía la normativa, las leyes, se van a debilitar. La capacidad de los ciudadanos de poder reclamar ante los tribunales ambientales también viene a limitarse. Se flexibilizan las normas al punto de que las empresas van a poder saltarse ciertos pasos o van a tener plazos más cortos para aprobarse. Ahora el proceso de evaluación ambiental va a ser mucho más acotado, con menos participación ciudadana, y lo más peligroso es que, además de eso, hay un artículo que indica que el Estado debiera indemnizar a las empresas cuando les salga una resolución de calificación ambiental negativa. Eso en términos generales, es más técnico, es más preciso, pero va a perjudicar sobre todo a San Antonio, que tenemos bastantes humedales ya en desprotección”.
El impacto en materia de vivienda y derecho a habitar el territorio también es otro de los abordados en el documento entregado en la Oficina de Partes de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio, por los efectos que esta ley podría generar en materia de vivienda, especialmente en un contexto nacional marcado por un importante déficit habitacional y por el crecimiento de asentamientos informales en distintos territorios del país.
La Provincia de San Antonio no se encuentra ajena a esta realidad. La crisis habitacional expresada en largas listas de espera, proyectos inconclusos y falta de soluciones definitivas ha generado condiciones que favorecen el aumento de campamentos y situaciones de incertidumbre habitacional para numerosas familias.
Braulio Bulnes, dirigente del campamento de Placilla, fue otro de los dirigentes presentes en la jornada, enfatizando que la problemática habitacional es una que viene desde hace décadas en la provincia y, “las supuestas soluciones que se dan son viviendas en periferia, que sabemos que terminan muy mal administradas, siendo focos de violencia, de basura, etc. El compromiso con la vivienda ha sido burlado a lo largo de todos estos años, absolutamente mercantilizado y con este último gobierno, con el camino que le hicieron los gobiernos anteriores, no esperamos tampoco muchas mejoras. Nosotros creemos más que todo en la organización de los trabajadores, creemos que el campamento de Placilla y el campamento del Cerro Centinela han demostrado que cuando la gente se organiza puede conseguir lo que buscan y también resistirlo”.