Fundación Ojos de Mar reclama ante Contraloría por procesos de participación ciudadana en proyecto Puerto Exterior
La Fundación Ojos de Mar ingresó esta semana un reclamo ante la Contraloría denunciando vulneración del derecho ciudadano a participar frente a nuevos impactos ambientales relevantes del proyecto.
“El ICE no representa una aprobación definitiva ni asegura el avance de una iniciativa cuestionada por su legalidad, costos y graves impactos territoriales”, señalan desde la organización ciudadana.
Esto nace luego de que durante el fin de semana se conoció la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Puerto Exterior de San Antonio”, con lo cual la iniciativa queda a las puertas de obtener su RCA favorable, lo que deberá definirse en la próxima sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva).
“Durante los últimos días se ha intentado instalar públicamente la idea de que el proyecto Puerto Exterior de San Antonio estaría prácticamente listo para comenzar. Esto ocurre luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso emitiera un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) recomendando su aprobación y ante la próxima votación de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA). Sin embargo, creemos fundamental aclarar algo a toda la ciudadanía: tanto el ICE como la votación de la COEVA son etapas administrativas obligatorias dentro del proceso de evaluación ambiental, pero eso no significa que el proyecto quede automáticamente legitimado ni que su avance sea inevitable. Aún existen diversas instancias administrativas y judiciales que pueden ser impulsadas por organizaciones, comunidades y habitantes para cuestionar un proyecto que, desde su origen, ha sido ambiental-mente deficiente y profundamente defectuoso”, indicaron desde Ojos de Mar mediante un comunicado.
Junto con esto, detallan que a su parecer uno de los puntos más graves del proceso actual es la negativa del SEA a abrir una nueva Participación Ciudadana (PAC), pese a que la propia Adenda Excepcional presentada por la Empresa Portuaria San Antonio el 27 de febrero de 2026 incorporó modificaciones y nuevos impactos ambientales significativos; estos últimos sobre la salud de la población.
La Fundación Ojos de Mar indica que, “especialmente preocupante es que el propio titular reconociera un impacto significativo sobre la calidad del aire por emisiones de MP10, que podría agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La normativa ambiental chilena es clara: el artículo 29 de la Ley 19.300 y el artículo 92 del Reglamento del SEIA establecen que cuando un proyecto presenta cambios sustantivos, entre ellos nuevos impactos significativos, debe abrirse de forma obligatoria una nueva etapa de participación ciudadana. Sin embargo, el SEA decidió cerrar esa posibilidad, limitando el derecho de las comunidades a informarse y pronunciarse sobre cambios que afectan directamente su salud, sus ecosistemas y sus formas de vida”.
Es en este contexto que la organización presentó el lunes 18 de mayo un escrito ante la Contraloría General de la República (CGR) en que se denuncia el actuar arbitrario e ilegal del SEA, al ignorar las obligaciones que la normativa le imponen para salvaguardar el derecho de participación ciudadana dentro del SEIA.
El movimiento ciudadano manifestó su preocupación por lo que consideran un “tono triunfalista y optimista con que se ha comunicado en la prensa” la recomendación del SEA de aprobar un Proyecto, el cual siguen viendo con evidentes vicios de legalidad en su tramitación, lo que hace instalar una sensación de que el proyecto ya estaría resuelto y próximo a comenzar, mientras simultáneamente se restringe el derecho ciudadano a participar frente a nuevas afectaciones ambientales relevante.
“A esto se suma otro elemento que incluso desde sectores políticos y económicos comienza a generar dudas: la viabilidad real del proyecto. Información reciente muestra cuestionamientos sobre las prioridades del actual gobierno sobre el enorme costo financiero de esta expansión portuaria. El proyecto pasó de estimarse inicialmente en alrededor de 3.500 millones de dólares a superar actualmente los 4.450 millones de dólares”, explican.
Es tras más de seis años de evaluación ambiental, múltiples adendas, tres procesos previos de participación ciudadana y millonarias sumas invertidas en consultorías y estudios para corregir observaciones, desde Ojos de Mar recalcan que lo que actualmente existe es un proyecto parchado para intentar sostener una iniciativa que es inviable económica y ambientalmente.
“Como Fundación Ojos de Mar esperamos que la CGR actúe con la prontitud y diligencia que exige el actuar ilegal del SEA, esclareciendo las razones detrás de la decisión de no abrir una nueva Participación Ciudadana (PAC). Somos quienes habitamos este territorio quienes respiraremos el aire contaminado, conviviremos con el aumento del ruido y los riesgos ambientales, y presenciaremos la posible destrucción de ecosistemas únicos que sostienen la vida, la memoria y la identidad de San Antonio. Defender San Antonio no es oponerse al futuro. Es exigir un futuro distinto. Nuestra ciudad merece ser mucho más que un nodo logístico. Merece ser reconocida como un territorio fundamental para enfrentar los desafíos del cambio climático, la conservación ecológica y la construcción de una vida digna para quienes habitan aquí. La ciudadanía todavía tiene derecho a participar. Todavía existen caminos legales. Y todavía estamos a tiempo de defender la vida en este territorio”, concluyeron.