Una oportunidad para fortalecer la confianza digital

Los recientes episodios asociados a la circulación de datos personales en Chile han abierto una oportunidad valiosa: poner la ciberseguridad y la protección de datos en el centro de la conversación pública, no desde el temor, sino desde la responsabilidad compartida de seguir perfeccionando nuestro ecosistema digital.
Chile ha avanzado de manera sostenida en la digitalización de sus servicios públicos. Trámites en línea, plataformas integradas y sistemas de identidad digital han permitido mejorar el acceso, la eficiencia y la cobertura del Estado. Este proceso, reconocido incluso a nivel regional, implica necesariamente nuevos desafíos, y uno de los más relevantes es cómo resguardar de mejor manera la información personal en un entorno cada vez más complejo.
Lo ocurrido demuestra que la ciberseguridad ya no es solo un asunto técnico ni exclusivo de especialistas. Es una política pública en construcción permanente, que requiere coordinación institucional, actualización normativa y una cultura digital madura. En ese sentido, resulta positivo que existan hoy organismos especializados, protocolos de monitoreo y canales de respuesta que permiten detectar, analizar y comunicar situaciones de riesgo con mayor rapidez y transparencia que en el pasado.
Más que buscar culpables, este momento invita a consolidar aprendizajes. La experiencia internacional muestra que ningún país está completamente exento de incidentes relacionados con datos, pero sí existen diferencias significativas en la capacidad de respuesta, adaptación y mejora continua. Ahí es donde Chile puede seguir avanzando con decisión.
Un eje clave es la gestión integral del ciclo de vida de los datos, desde su recolección hasta su eliminación o anonimización. Fortalecer criterios de minimización, revisar bases históricas y asegurar estándares homogéneos entre instituciones permite reducir riesgos sin afectar la continuidad de los servicios digitales que la ciudadanía valora.
Otro elemento fundamental es la confianza digital, que no se decreta, sino que se construye con acciones sostenidas. Comunicar de forma clara, explicar procesos y reforzar la educación digital son pasos esenciales para que las personas comprendan cómo se protege su información y cuál es su rol en ese esfuerzo compartido. Una ciudadanía informada es también una ciudadanía más resiliente frente a amenazas digitales.
Asimismo, estos desafíos reafirman la importancia de seguir invirtiendo en capacidades humanas y tecnológicas dentro del Estado. La formación continua de funcionarios, la adopción de buenas prácticas internacionales y el trabajo colaborativo con el mundo académico y el sector privado fortalecen un enfoque preventivo, que es siempre más eficaz que uno meramente reactivo.
Finalmente, es clave entender que la ciberseguridad es un proceso dinámico, que evoluciona junto con la tecnología y con la propia sociedad. Cada evento, incluso aquellos que generan inquietud, puede transformarse en un impulso para mejorar estándares, actualizar marcos legales y reforzar la gobernanza de los datos.

Edgardo Fuentes Cáceres –Director Ingeniería en Ciberseguridad, UNAB