Contraloría ordena investigar responsabilidades por contrato de $36 millones en el Quisco
Durante la jornada de este lunes en el Concejo Municipal de la comuna se leyó un oficio enviado por el organismo fiscalizador tras una presentación realizada por Felipe Betancourt Burgos, en representación de MM Arquitectos Consultores Limitada.
Este contrato tenía por finalidad completar los proyectos para la remodelación del edificio consistorial de El Quisco. Sin embargo, Contraloría pidió gestionar su término, resolver los pagos que correspondan y determinar eventuales responsabilidades administrativas.
De acuerdo a lo detallado sobre la situación, esta compañía había sido contratada para elaborar proyectos de especialidades destinados a completar el proyecto de arquitectura para la ampliación y remodelación del edificio administrativo municipal.
Todo comenzó en el año 2019 con una licitación adjudicada por $36 millones, la cual contemplaba cuatro etapas de pago asociadas al avance y aprobación de los respectivos proyectos.
Según los antecedentes expuestos ante el Concejo, el problema surgió en la primera de ellas, luego que no se consiguiera completar uno de los requisitos necesarios para su aprobación. La etapa no fue validada y el proceso quedó detenido.
Con el paso de los años, la empresa recurrió a Contraloría para reclamar por los servicios que sostuvo haber prestado y por la falta de término o liquidación del contrato.
El organismo fiscalizador ya había requerido antecedentes al municipio y la entidad comunal informó que estudiaba poner término al acuerdo y determinar qué trabajos habían sido efectivamente realizados.
Contraloría instruyó a la Municipalidad de El Quisco adoptar las medidas necesarias para gestionar el término del contrato y resolver los estados de pago que resulten pertinentes.
Para ello consideró, entre otros antecedentes, el principio de evitar un eventual “enriquecimiento sin causa”, lo que obliga a establecer si hubo servicios efectivamente prestados que deban ser remunerados.
El organismo entregó un plazo de 20 días hábiles, contado desde la recepción del oficio, para informar las medidas adoptadas.
Además, debido al tiempo transcurrido sin que el proceso fuera resuelto, ordenó iniciar un procedimiento disciplinario destinado a determinar eventuales responsabilidades administrativas.
El director de Asesoría Jurídica, Juan Sebastián Jiménez, explicó que la Secretaría Comunal de Planificación trabaja en una propuesta para establecer cuánto correspondería pagar por los trabajos realizados.
“Contraloría insiste en que nosotros tenemos que liquidar el contrato”, señaló el asesor jurídico de la comuna durante la sesión de este lunes del cuerpo colegiado quisqueño.
El municipio deberá ahora definir qué parte de los trabajos fue efectivamente ejecutada, elaborar una propuesta de liquidación y responder al organismo fiscalizador dentro del plazo establecido.
Si la propuesta no es aceptada por la empresa, el conflicto podría pasar a una etapa litigiosa.