Del INP al APA (pasando por el IPS)

El Instituto de Normalización Previsional (INP) fue creado durante la dictadura por el Decreto Ley N°3502 de 1980. El rol de esta institución era centralizar la administración de los antiguos regímenes previsionales, conocidos como Cajas de Previsión, que reemplazó el nuevo Sistema de Pensiones. El año 2008 se transformó en el Instituto de Previsión Social (IPS), sumándose a sus funciones la administración de los beneficios del pilar solidario, extendiendo su continuidad en el tiempo. A partir de este año, se agregó el pago de la PGU.
La propuesta de reforma previsional que presentó el Gobierno vuelve a transformar esta institución, que pasa a ser el Administrador Previsional Autónomo (APA). De acuerdo al proyecto la entidad será “responsable de las actividades de soporte del sistema, que incluyen: la afiliación al Sistema de Pensiones, la recaudación de la cotización del 10,5% del trabajador o trabajadora y del 6% del empleador o empleadora, la recaudación de la cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia y su licitación entre las Compañías de Seguros de Vida, la cobranza de las cotizaciones previsionales, la gestión de Cuentas Individuales y del Seguro Social, la gestión de los Beneficios del Sistema, la administración de las Comisiones Médicas y, en general, toda la atención de público”. De esta forma, transfiere funciones que realizan actualmente las AFP a esta nueva entidad, las cuales se separan de la gestión de inversiones, que pasa a estar a cargo de los Inversores de Pensiones, entidades privadas, a los cuales se suma un Inversor de Pensiones Estatal.
La separación entre las funciones de gestión de inversiones y el resto de las funciones del sistema, no es una idea nueva. De hecho, estuvo en discusión en 1980 previo a la creación del Sistema de Capitalización Individual. En teoría, la separación y centralización de funciones tiene 3 ventajas: 1) Aprovechar economías de escala, 2) Reducir gastos de comercialización y 3) Reducir barreras de entrada. Sin embargo, en los tres casos no es claro que las ganancias de eficiencia sean relevantes, ya que la digitalización ha permitido simplificar los procesos de recaudación y administración de cuentas, reduciendo el tamaño mínimo eficiente para operar por parte de las actuales AFP. Por otra parte, dado que se mantiene la competencia en la gestión de inversiones, a nivel de sistema no es claro que los gastos de comercialización se reduzcan. Finalmente, si bien es cierto que se reducen las barreras de entrada para los gestores de inversiones, las ganancias de tal entrada son menores si todos ellos administran portafolios similares, ya que no hay que olvidar que la reforma elimina los multifondos.
Por otra parte, la centralización de todas estas funciones en un ente estatal genera riesgos de captura política. El proyecto de ley busca mitigar este problema, dándole al APA el carácter de entidad autónoma que contará con un consejo de cinco miembros independientes.
La propuesta del gobierno introduce cambios radicales en la organización industrial del Sistema de Pensiones, cuyas ganancias en eficiencia no son evidentes y que puede introducir nuevos riesgos en la operación. Nuestro Sistema de Pensiones tiene problemas importantes que resolver, pero ellos están radicados en otros ámbitos. En esta materia, la propuesta del gobierno agrega complejidad sin que sus beneficios sean claros.

Gonzalo Islas Decano Facultad de Ingeniería y Negocios Universidad de Las Américas