El Caso Jadue y la Falacia de la Persecución Política
El caso del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ha captado la atención pública y mediática debido tanto a la gravedad de las acusaciones en su contra como a su figura política, posiblemente una de las más visibles del comunismo chileno. Los cargos que enfrenta incluyen administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y delitos reiterados de fraude al Fisco. Después de una larga investigación, el Ministerio Público decidió formalizar al edil. Ante la magnitud de estos delitos, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en este proceso, subrayando la gravedad de los hechos imputados, interponiendo una querella criminal en su contra.
La jueza del 3º Juzgado de Garantía de Santiago, tras escuchar las intervenciones de las partes involucradas, decretó la prisión preventiva de Jadue. Esta medida fue apelada, y la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución inicial. La Corte argumentó la existencia de “indicios suficientes de concierto entre los diversos partícipes del actuar delictual y que los antecedentes permiten presumir que Jadue utilizó su posición como alcalde de Recoleta y presidente de la Achifarp para fines ilícitos, así como el mal uso de los recursos fiscales”.
Es crucial resaltar que en este proceso han intervenido cuatro órganos del Estado, los cuales, considerando los elementos del caso, han encontrado suficientes indicios para presumir la existencia de delitos y la participación de Jadue en ellos. A lo largo de este proceso, el imputado ha contado con una defensa particular, ha elegido a su abogado, ha sido escuchado, se presume su inocencia y tiene todos los medios e instancias para probarla.
A pesar de estas garantías, Daniel Jadue, sus partidarios y el Partido Comunista siguen sosteniendo un discurso de persecución política, culpando a la industria farmacéutica de orquestar esta supuesta persecución debido a la instalación de las farmacias populares. Esta línea de argumentación constituye una directa acusación que afecta a todos los órganos del Estado que participan en este proceso, ya que en definitiva se les trata de entes serviles a intereses ocultos y espurios. Esta estrategia comunicacional es especialmente grave cuando proviene de la principal colectividad política que apoya al Gobierno y cuyos militantes ocupan ministerios y cargos relevantes en la Administración del Presidente Boric.
Es fundamental aclarar lo que realmente constituye una persecución política. Esta implica la represión sistemática y violenta de individuos o grupos debido a sus creencias, actividades o afiliaciones políticas, mediante acciones como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, asesinatos, vigilancia, discriminación, propaganda difamatoria y exilio forzado, con el objetivo de eliminar la oposición al poder establecido. En el marco de las persecuciones políticas no existe derecho a la defensa ni menos la garantía de ser juzgado por un tribunal imparcial. En este caso, no existe ningún poder oculto tratando de dañar a Jadue. No se le está persiguiendo por su programa de farmacias populares, sino por la posible comisión de delitos en el marco de ese programa.
Recomiendo a todos aquellos que acusan de persecución política al alcalde de Recoleta que busquen ejemplos de esta práctica en los regímenes que admiran y defienden, como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Acusar de persecución política para deslegitimar a instituciones que están actuando dentro del marco legal es una falta de respeto a tantas personas que han sufrido verdaderamente esta represión, tanto en Chile hace algunos años como en todas las tiranías presentes en el mundo actualmente, especialmente en América Latina.
El discurso de persecución política en el caso Jadue no solo es infundado sino que también trivializa una situación grave que afecta a muchos en diversos regímenes alrededor del mundo. Considero que estos discursos se desvirtúan principalmente con coherencia y ello se consigue en la medida que la fiscalía y los jueces den el mismo tratamiento, especialmente cuando se hace uso de la prisión preventiva, a todas las personas que están en situaciones similares.
En definitiva, Jadue tiene derecho a la presunción de su inocencia y cuenta con todos los medios procesales para probarla, pero victimizarse como un perseguido político resulta improcedente.
Dr. Jorge Astudillo, académico de Derecho UNAB, Sede Viña del Mar