La deuda de la educación
Hace veinte años, en las frías aulas de un liceo de Lota nació la. llamada “Revolución pingüina”, una generación de jóvenes que planteó que la educación debía abordarse como un derecho, garantizando acceso, inclusión y calidad.
El país escuchó. Y el Estado respondió. La promulgación de la Ley General de Educación en 2009 buscó precisamente redefinir el sentido del sistema educativo, declarando la educación como un derecho y estableciendo principios como la equidad, la inclusión y la calidad (Ministerio de Educación de Chile, 2009). A ello se sumó la creación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, que pretendía garantizar estándares para todos los estudiantes. Sobre el papel, Chile avanzaba.
Pero la historia —como la educación— rara vez es lineal. Porque mientras se abría la puerta al derecho, se consolidaba silenciosamente un modelo de calidad estrecho, profundamente anclado en la medición, la estandarización y la rendición de cuentas. Y es precisamente ahí donde comenzamos a quedar en deuda: no solo en el desarrollo de una educación integral, sino también en los propios resultados que este modelo prometía asegurar. La promesa de transformación comenzó a diluirse entre indicadores, rankings y pruebas estandarizadas que, aunque necesarias, terminaron reduciendo la complejidad del aprendizaje a cifras. Pero lo más inquietante es que, incluso bajo esta lógica, los resultados no han sido suficientemente robustos: Chile sigue mostrando brechas significativas en comprensión lectora y resolución de problemas en comparación con países de referencia (OCDE, 2019). La paradoja es incómoda: no solo nos alejamos de una educación integral, sino que tampoco hemos logrado consolidar una educación eficaz en los términos que el propio modelo instaló.
Así, la paradoja se vuelve evidente: la Revolución pingüina abrió el horizonte del derecho, pero el modelo que emergió tras ella terminó limitando su potencial transformador.Hoy, dos décadas después, seguimos habitando esa tensión.Porque la calidad educativa que Chile necesita no puede reducirse a resultados en pruebas estandarizadas. La educación del siglo XXI exige formar ciudadanos críticos, creativos, capaces de convivir en diversidad y de enfrentar la incertidumbre con sentido ético. En palabras de la UNESCO, se trata de avanzar hacia una educación que promueva el desarrollo integral de la persona, articulando conocimientos, habilidades, valores y bienestar (UNESCO, 2021).
Sin embargo, la realidad nos confronta con una deuda persistente: la brecha entre la educación pública y privada sigue marcando trayectorias de vida profundamente desiguales. No basta con declarar el derecho; es necesario garantizarlo en la experiencia cotidiana de cada estudiante, en cada aula, en cada territorio. La equidad no puede ser una aspiración retórica: debe ser una práctica concreta.
Quizás el mayor desafío que heredamos de aquellos estudiantes no es solo mejorar el sistema, sino atrevernos a repensarlo con honestidad. Porque si bien educar no es solo producir resultados, tampoco podemos ignorar que hoy el sistema no está logrando con suficiente fuerza ni lo uno ni lo otro: ni una formación integral ni resultados de aprendizaje consistentes. Y cuando eso ocurre, la urgencia deja de ser discursiva y se vuelve estructural.
Educar no es producir resultados: es formar vidas. Pero cuando un sistema falla en ambas dimensiones, el desafío ya no es ajustar, sino transformar. Y en esa tarea —inconclusa, urgente, profundamente humana— Chile aún está en deuda consigo mismo.
Juan Pablo Catalán, académico e investigador de Educación UNAB