EL DESASTRE NO EMPIEZA CON LA LLUVIA

Coquimbo suspendió la Pampilla y reasignó más de $1.800 millones a la emergencia, mientras el Gobierno Regional destina $18.600 millones a reconstruir lo que el sistema frontal de julio arrasó. Mientras tanto, Europa arde en olas de calor e incendios que dejaron de ser excepción. No son escenas ajenas. Es el patrón, acá y allá, de gobiernos que llegan después del desastre y casi nunca antes.
El debate público se centra en la emergencia, los albergues, los camiones, las fotos. Tras bambalinas, la realidad muestra una sobreburocracia asfixiante, dotaciones mínimas, sin teléfonos satelitales, conectividad ni flotas estatales.En ese escenario, la ciudadanía se volcó a las radios locales, que siguieron emitiendo y llegando donde el Estado no pudo estar, acompañando una emergencia que parece haber llegado para quedarse.
Afrontar estos desafíos requerirá alianzas sólidas entre lo público, lo privado, la sociedad civil y la academia, que trasciendan a los gobiernos de turno. Esto es particularmente urgente para un país como el nuestro, cuya economía proyecta un crecimiento de apenas 1,8% a 2,4% según el Banco Mundial, y que geográficamente ha sido calificado históricamente por la OCDE como el país con mayor exposición a riesgos naturales. Para nuestra región de Coquimbo, esta realidad se traduce en una constante amenaza de terremotos, tsunamis, aluviones desérticos y sequías prolongadas.
La evidencia está instalada hace décadas. El GAR 2025 estima que cada dólar en prevención ahorra unos US$15 en respuesta y reconstrucción, y la CEPAL contó en 2024 más de ochenta desastres y pérdidas sobre US$21.000 millones en América Latina. Aun así, el ciclo se repite, desastre, respuesta, reconstrucción, deuda.
Chile avanzó con la Ley 21.364 y Senapred (ex ONEMI), pero la reforma sigue incompleta. Las capacidades territoriales son desiguales y centralizadas, con municipios y gobiernos regionales supeditados a decisiones capitalinas y al límite frente a una ciudadanía que clama respuestas inmediatas.
Que ese espíritu regionalista ilumine a una clase política que se resiste a prevenir, robustecer y resolver antes que lamentar. Modernizar el Estado es hoy una responsabilidad colectiva.

Alan Sepúlveda & Pía Castillo, académicos de Administración Pública, Universidad Central, sede Coquimbo