Camino a una nueva propuesta constitucional
El actual proceso constituyente difiere sustancialmente del anterior. Así, las normas que dan respaldo jurídico constitucional a este proceso reconocen la existencia de tres organismos: el Comité Técnico de Admisibilidad, la Comisión Experta y el Consejo Constitucional.
La Comisión Experta, integrada por 24 comisionados nombrados por los partidos políticos con representación parlamentaria, luego de tres meses de funcionamiento, en los primeros días de junio de 2023 entregó un anteproyecto que fue el fruto de muchas discusiones, cesiones y acuerdos. Para un importante número de actores este documento resultó bastante aceptable dado su marcado carácter transversal. Una diferencia sustancial con la propuesta de la Convención Constitucional.
Luego del resultado de las elecciones de consejeros constitucionales el día 7 de junio, este órgano quedó dominado por las derechas e integrado, además, aunque en forma minoritaria, por representantes de la izquierda más progresista (Frente Amplio y PC). De conformidad con el cronograma constitucional, este Consejo dispone de 3 meses para desarrollar su trabajo, que no comienza desde cero, sino que se debe estructurar sobre la base del anteproyecto elaborado por la Comisión Experta.
El trabajo del Consejo ha sido bastante silencioso, lo que se explica, en parte por la ausencia de las extravagancias que caracterizaron a la Convención Constitucional y, por el escaso interés ciudadano en el proceso. El día 18 de julio venció el plazo de los consejeros para introducir indicaciones (enmiendas) al anteproyecto. Este hito del proceso constituyente es esencial ya que nos permite anticipar cuál será el carácter de la propuesta que será sometida al escrutinio de la ciudadanía. Sobre la base de los bordes constitucionales que marcan el debate y el contenido esencial del documento final, las fuerzas políticas presentes en el Consejo hicieron llegar más de mil indicaciones.
Sin haber ahondado en profundidad en estas indicaciones, en una primera mirada, se puede apreciar que las derechas han enfocado de manera importante sus propuestas de enmienda en temas de seguridad pública y el oficialismo optó por reivindicar el alma del anteproyecto, que, si bien no representa sus anhelos políticos e ideológicos refundacionales, como sí lo hacía la propuesta de la Convención, dados sus fracasos eleccionarios recientes, no ha tenido muchas más alternativas.
A medida que vayan pasando las semanas y se comiencen a conocer las primeras discusiones y votaciones que marcarán el texto definitivo tendremos más luces del resultado final del trabajo del Consejo. Seguramente Republicanos y Chile Vamos impondrán su voluntad en una serie de temas que para ellos son intransables, como es, por ejemplo, la consagración de un Capítulo especial para las Fuerzas Armadas y otros de carácter valórico y económico, y en otras materias, se abrirán a alcanzar acuerdos. También, es muy probable que desde la izquierda se acuse a la derecha de intolerancia, prepotencia y de tratar de imponer un texto partisano. Sin embargo, lo cierto es que, al margen de la propuesta definitiva, será el cuerpo electoral quien durante el mes de diciembre deberá decidir la suerte de este proceso constituyente. Con todo, me atrevo a pensar y decir, que, considerando el contexto social, las actuales preocupaciones ciudadanas y la contingencia política, si el texto del Consejo Constitucional tiene normas que apunten directamente a incrementar la seguridad pública y hacerse cargo de la migración irregular (incluso aunque contenga normas que en estricto rigor son materia de ley), tiene muchas posibilidades de ser aprobada por la ciudadanía.
Finalmente, al margen de cualquier estrategia electoral, no se debe olvidar, por parte de quienes son hoy mayoría en el Consejo Constitucional, que la Constitución no es una ley que responde a meras contingencias, sino que se trata de un texto que fija las bases de la vida política, jurídica y social de una comunidad y que por lo mismo requiere estar dotada de un importante grado de legitimidad democrática que descansa en el consentimiento ciudadano, al margen de las legítimas visiones políticas de cada elector. Por ello, no solo se debe perseguir obtener el apoyo suficiente para aprobar la propuesta constitucional, sino que se debe trabajar en un texto que logre hacerse parte de nuestra tradición republicana y democrática, siendo para ello fundamental, que la mayor parte de las personas se sientan representadas por ella. Este es el único resultado que vale la pena perseguir.
Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar