Barricadas y manifestación contra desalojo y la ley «anti tomas»

Desde la madrugada de este lunes se registraron manifestaciones de los habitantes de distintos campamentos, tanto de la comuna de San Antonio, como Cartagena, quienes piden soluciones ante inminente desalojo, rechazando además la ley de usurpación que fue aprobada hace poco en el Congreso.
Todo comenzó con barricadas en distintos puntos de la comuna, especialmente en las rutas que conectan a San Antonio con Cartagena. Mientras que desde las 10:00 de la mañana se desarrolló una marcha, que partió en la Plaza de Armas de San Antonio y recorrió distintas calles del territorio.
En el sector de Barrancas hubo dos paradas, una en el municipio y otra en la delegación provincial, donde representantes de las organizaciones de pobladores entregaron un petitorio a las autoridades locales.
“Somos representantes de varios vecinos que habitan en tomas y campamentos de San Antonio y Cartagena, somos más de 10 mil familias que estamos pasando por un complejo momento, algunos producto de una orden de desalojo que nos fijó la Corte de Apelaciones, con plazo de 23 de octubre de 2023 para abandonar nuestras casas y otras con demandas a la espera de fallos judiciales. Somos la consecuencia de la falta de compromiso social y político con los cientos y miles de marginados que procede este sistema neoliberal, somos los ocultos bajo la alfombra, los que no caben en los negocios inmobiliarios por falta de solvencia, somos los sin casa, asumir nuestra realidad es asumir el fracaso de la política habitacional, los campamentos somos la solución que ellos criminalizan. Ante la negligente respuesta de las autoridades y como consecuencia de su inoperancia, la falta de compromiso, empatía y lo que nos han demostrado hasta el día de hoy, que pesa más el interés particular de los dueños de la propiedad que la vida de miles de familias. Hemos decidido organizarnos, movilizarnos y salir a las calles a luchar y exigir por lo nuestro por el tiempo que sea necesario”, señaló una de las voceras de las organizaciones de pobladores.
El petitorio exigía coordinar una reunión con los representantes de los campamentos, para plantear las inquietudes y pedir una respuesta concreta a través de un plan de emergencia habitacional que considere varios puntos.
“Frenar los desalojos mientras se trabaja con Serviu en búsqueda de soluciones; intermediación de Serviu con la venta de los terrenos; intervención de la especulación del valor de suelo; radicación sin filtro; mesa de trabajo con todas las entidades correspondientes y dirigentes de campamento, con Serviu, delegación, municipios. Esperamos respuestas en el más breve plazo posible, de no ser atendida seguiremos en la lucha”, indica la carta de la coordinadora de campamentos de la zona.
Las organizaciones añadieron que si no se entregan respuestas concretas a sus peticiones, continuarán las manifestaciones en la zona, pidiendo que se les escuche y den soluciones reales.
“Lo que nosotros estamos enfrentando, aparte del desalojo es la presión y la opresión, porque los derechos de viviendas es uno solo. Dentro de nuestra comunidad siempre estamos viendo temas como delincuencia, la violencia, porque no son todas las tomas delincuencia; acá tenemos adultos mayores, niños, personas en situación de discapacidad. Hemos levantado desde cero, pisando el barro, agua, se han caído casas, todo lo hemos construido paso a paso, somos miles de familias. Nosotros nos hemos organizado, tenemos sedes donde realizamos actividades, se han hecho atenciones medicas; las tomas no es violencia, no son delincuentes, somos sanantoninos, no son santiaguinos, a vísperas del desalojo ellos arrancaron y los que quedamos ahí somos gente honrada”, dijo otra de las pobladoras que se manifestó este lunes.
Cabe señalar que tanto en el municipio de San Antonio, como en la Delegación Provincial se recibieron las cartas de los vecinos y vecinas, desde donde señalaron que se están haciendo gestiones para abordar la problemática de las miles de familias. Sin embargo, esto no deja conformes a las personas, ya que solo lo consideran soluciones “parche”, sin tener nada seguro.
“Nadie nos han dado soluciones concretas, solo soluciones parches. Nosotros estamos con un desalojo que nos viene el 23 de octubre, no nos queda tiempo, no podemos esperar en nuestras casas que llegue la fuerza pública esperando a que nos echen. Estamos en una situación complicada, además estamos con compañeras esperando ordenes de los juicios”, agregó otra de las habitantes.