Superintendencia de Educación inicia programa de fiscalización en cuanto al cumplimiento de los sostenedores en los requisitos relacionados con la idoneidad moral.
Retomando los programas de fiscalización, tras el receso obligado impuesto por la alerta sanitaria, la Superintendencia de Educación retoma su programa de fiscalización de “idoneidad moral”, el cual tiene como objetivo validar que los y las sostenedores de los establecimientos educacionales cumplan con los requisitos relacionados con la idoneidad moral, tanto en la administración superior como en la dotación de personal que cumple funciones en los establecimientos educacionales.
Este programa tiene su énfasis en la fiscalización de tipo periódica, cuyo propósito es resguardar la integridad física, psicológica y moral de párvulos, niños, niñas y adolescentes, a través de la indagación y procedimientos analíticos aplicados por la Superintendencia de Educación y a partir del análisis de datos realizado en conjunto con el Servicio de Registro Civil e identificación, que permiten identificar a un posible infractor de condena, es decir, un rut inhabilitado para trabajar con menores de edad figura realizando funciones en el ámbito educacional.
Este programa considera además una modalidad de tipo preventiva, con el objeto de cautelar la seguridad de parvulos, niños, niñas y adolescentes
El director regional de la Superintendencia de Educación de Valparaíso, Reinaldo Orellana, se refirió respecto a la importancia de este programa, señalando “es primordial que los sostenedores revisen de forma periódica los rut de sus trabajadores en el registro de inhabilitados para trabajar con menores a fin de mantener el resguardo y la integridad de los miembros de la comunidad educativa y no solo al realizar contratos nuevos. Como Superintendencia seremos inflexibles en caso de detectar una irregularidad, pues eso amerita un grave riesgo a toda la comunidad educativa”.
En el caso de detectar un eventual riesgo al que se exponen párvulos, niños, niñas y adolescentes que asisten a un establecimiento educacional donde se encontraría desempeñando funciones una persona identificada como inhabilitada para trabajar con menores, se realizará una fiscalización inmediata, sin previo aviso a la entidad sostenedora.
Si durante la fiscalización se detecta una falta a la normativa educacional vigente, será considerada de carácter infraccional grave, por lo que la entidad sostenedora arriesga incluso la revocación del reconocimiento oficial.