Comisión Especial detecta graves falencias en el estadio municipal de San Antonio

La instancia tiene por finalidad reunir antecedentes relativos a actos del Gobierno, especialmente, del Ministerio de Obras Públicas y del Instituto Nacional del Deporte, acaecidos entre el 11 de marzo de 2018 y el 11 de marzo de 2022.
La comisión investigadora es presidida por la diputada de la zona, Camila Rojas, teniendo una sesión este martes, donde Contraloría presentó un informe sobre las obsecraciones que se han generado durante el proceso.
El contralor general, Jorge Bermúdez, inició su intervención en la comisión señalando que, “nosotros como Contraloría tenemos un plan estrategia, que guía el trabajo de la Contraloría, pensamos que hay algunos objetivos que calzan perfectamente con el rol de esta comisión, como priorizar el control que realizamos en áreas que sean de alto impacto y que obviamente en una de ellas es algo tan sentido para la comunidad, como un estadio. De acuerdo al mandato de la comisión, esta debe fiscalizar los actos de gobierno, específicamente los organismos públicos como cumplir con competencias; Ministerio de Obras Publicas, Instituto Nacional de Deportes durante el periodo 11 de marzo 2018 – 11 de marzo 2022. Lo anterior con el fin de recabar antecedentes en relación con la ejecución, supervisión, inspección, modificación de contratos, retraso de obra pública, aumento presupuestario, incumplimiento de normas de seguridad para recintos públicos deportivos en la obra de licitación de reposición del estadio municipal de San Antonio”.
En la instancia se recordó que el mandante de la obra es la municipalidad de San Antonio, siendo esta ejecutada por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas de la región de Valparaíso.
A través de la Contraloría Regional se elaboró un informe en que se analizó la obra pública de reposición del estadio, siendo una auditoría finalizada, cuyo informe final fue puesto a disposición de la comisión.
Los objetivos de esta auditoría fueron tres; en primer lugar verificar que la ejecución de las obras y la recepción provisional se haya ceñido a las especificaciones técnicas y normativas aplicables en la especie. Además acreditar si los gastos ejecutados con cargo al proyecto, incluido los aumentos, disminuciones y obras extraordinarias se encuentran debidamente acreditados, calculados y contabilizados. Asimismo, comprobar la correcta aplicación de las multas si es necesario.
“La primera observación y una de las más relevantes en términos económicos, es la falta de cobro de multa por el retraso en la ejecución de la obra, que es evidente; la obra tenía un plazo de ejecución de 504 días y por lo tanto, la entrega estaba fijada para el 30 de enero del 2021, pero como aparece en el informe del 15 de marzo de 2021 se señaló que no era posible cursar la recepción porque los trabajos no se encontraban terminados y que de acuerdo a lo señalado en el acta de recepción provisional del 6 de julio de 2021 la obra se dio por finalizada el 15 de abril del 2021, cuando el contratista entregó el certificado de dotación de servicios. Por lo tanto, es dable concluir que esta incurrió en un atraso de 75 días corridos, lo que dio lugar a una multa de 258 millones y fracción de acuerdo a la normativa aplicable. Esta multa luego se reajusta, sube y es pagada por la empresa, la cual fue ingresada en las arcas municipales el 15 de marzo de 2023. Por lo tanto, en el seguimiento que se hace esta observación es levantada, porque la multa fue cursada, si no hubiese sido así podría haber generado responsabilidad para los funcionarios que toman estas decisiones, siendo esta observación subsanada”, explicó el Contralor.
Otra de las observaciones fue un aumento de obra al margen de la normativa, que es el pago de parte de una partida de obras no considerada dentro del proyecto, “lo que ocurre acá es que en el informe se actualiza el valor de la partida de una estructura que hay que proteger con una pintura, que pasa de 250 m2, a 304 m2 de cobertura. Sin embargo, cuando se ve el presupuesto desglosado se ve que se habían contemplado solo 112 m2 de esa partida y no 250 como se había establecido. Esto comportó un pago de $22.356.030 adicional; entonces, si uno se fija es que se paga de más por una obra que no estaba contemplada en el presupuesto y esos son 22 millones y fracción. Esta observación se mantiene y es la que da lugar a un juicio de cuentas, que es la formulación de un reparo por parte de Contraloría por esta obra que no estaba contemplada”.
La tercera observación tiene relación con este proceso de recepción de la obra, que tiene relación con la excesiva dilación en el cumplimiento de las obligaciones de la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, que impidieron disponer de manera oportuna la puesta en servicio del recinto deportivo.
“Aquí hay una solicitud de recepción definitiva que hace la Secplac municipal, pero quien debe recepcionar es la Dirección de Obras Municipales, pero se formulan una serie de observaciones, muchas de las cuales dependen de documentación que debe ser obtenida por quien ejecuta la obra, que es la Dirección Regional de Arquitectura. Hay una serie de documentos, certificaciones, patentes, o formato que había que documentar, que no están entregadas y eso hacía imposible realizar la puesta en servicio por parte de la municipalidad de la obra. Observación que se mantuvo”, añadió Bermúdez.
Otra de las principales fallas que se han detectado en el proceso, fue la irregularidad con la aplicación de la pintura intumescente a las estructuras metálicas, algo que también forma parte de las observaciones del informe, que es el cambio del material que se debía aplicar, a lo que se suma la falta de ensayos que permitieran acreditar el cumplimiento de la pintura y su resistencia al fuego. Encontrándose una de ellas subsanada, la primera de ellas, mientras que la segunda se mantiene.
Tras la presentación del Contralor, se dio paso a una ronda de preguntas realizadas por los diputados presentes en la jornada, a la cual también se conectaron autoridades de la comuna de San Antonio.
“Respecto de las observaciones que se mantienen, hay algunas que están en sumario, que hay que ver que va a pasar en el sumario, pero eso no quiere decir que no se tienen que subsanar; las observaciones se tienen que subsanar y eso esperamos que se constate en el reseguimiento de la Contraloría, que eso debería redundar en la recepción definitiva de esta obra pública”, contestó a una de las preguntas de la diputada Camila Rojas.
Una de las participantes en la jornada fue la diputada Erika Olivera, quien visitó el estadio hace algunos meses y fue noticia debido al descontento que mostró por el mal estado de distintos sectores, especialmente camarines.
Al respecto, la parlamentaria consultó sobre la mantención al contralor, quien dijo que actualmente el responsable de la obra es el municipio, que es el dueño de la obra.
La sesión concluyó señalando que próximamente se continuarán con las sesiones, las que incluirán a la alcaldesa Constanza Lizana, quien estuvo conectada de forma telemática a la sesión, solicitó la palabra, pero fue denegada por la comisión. A ella se sumarian invitados de la comunidad sanantonina.