Funcionarios de Sernapesca San Antonio entregaron especies protegidas sin autorización
an Antonio es una de las oficinas de Sernapesca que aparece como una de las entidades donde se detectaron irregularidades.
Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de especies protegidas por el convenio internacional CITES dentro del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), incluyendo observaciones a la oficina provincial de San Antonio.
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un acuerdo internacional, que tiene por finalidad garantizar que el comercio de animales y plantas silvestres no ponga en peligro su supervivencia.
Chile, es uno de los casi 200 países que forman parte del acuerdo, teniendo a Sernapesca a cargo de su aplicación, entidad que actúa como autoridad administrativa encargada de autorizar, fiscalizar y custodiar los ejemplares o partes de especies protegidas.
Fue a finales del mes de septiembre que se hizo público un documento, relacionado a una auditoria nacional realizada al proceso de emisión, control y custodia de permisos de exportación, importación e introducción desde el mar, entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
“Se advirtió que el Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental de la Dirección Regional de Valparaíso del SERNA-PESCA y un profesional de la Oficina Provincial de San Antonio, hicieron entrega de especímenes, partes y/o derivados de especies listadas en los Apéndices de la Convención CITES -caballitos de mar, almejas gigantes, corales, caracola de casco cornuda, entre otras-, a diversas instituciones, entre las cuales se encuentran municipalidades, escuelas, universidades y el Servicio Nacional de Aduanas, firmando la entrega en representación del Director Nacional, sin contar con un documento que los autorizara para ello. Lo anterior, vulnera los principios de eficiencia, eficacia y control establecidos en los artículos 3°, 5° y 53 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, indica el documento de Contraloria.
Son 140 páginas de informe, en el cual se dan a conocer estas deficiencias administrativas y de control en distintas direcciones regionales del país, entre ellas Valparaíso y su oficina provincial sanantonina.
El informe detalla además que la Dirección Regional de Valparaíso entregó a la oficina provincial de San Antonio diez caballitos de mar, doce corales de distinto tipo y dos conchas, sin actas formales ni registros de trazabilidad. A esto, se suma que se observó la existencia de restos de cetáceos, tortugas marinas y caracoles, sin respaldo documental sobre su ingreso o custodia.
En el mismo informe, Contraloría constató que una profesional de la oficina provincial de San Antonio entregó a la Escuela Bucalemito varios ejemplares marinos, entre ellos caballitos de mar, conchas y corales, “sin contar con la facultad para ello, lo que fue confirmado en la reunión del 31 de julio de 2025, según consta en acta”.
La Contraloría precisó que el servicio no cuenta con lineamientos sobre las condiciones para almacenar o custodiar especímenes, partes o derivados de especies de los apéndices CITES, ni con un registro que permita realizar la trazabilidad de cada ejemplar.
Frente a estas observaciones, el organismo fiscalizador instruyó un procedimiento disciplinario y ordenó a Serna-pesca “definir un mecanismo formal de entrega de estos especímenes, partes o derivados para su custodia por otros órganos del Estado con fines de recuperación, educación o investigación científica”.
También exigió la elaboración de un inventario nacional actualizado de todas las especies bajo resguardo del servicio, así como la implementación de un sistema de control que asegure la trazabilidad y correcta documentación de cada ejemplar.
El órgano de control concluyó que el servicio deberá implementar medidas correctivas concretas y establecer plazos definidos para subsanar las irregularidades detectadas, bajo la supervisión directa de la Contraloría General de la República.